Por Jorge Barrientos Marín
@jhbarrientos
Nadie duda de la importancia de recuperar el tejido empresarial, maltrecho por la casi parálisis de la economía, pero la solución está precisamente en la apertura de todos los sectores con una gradualidad acelerada. Desde luego la ayuda del Gobierno importa, sobre todo a la demanda (hogares) como lo ha venido haciendo. Otra discusión es si es suficiente. Desde luego el lado de la oferta (empresas) también necesita ayuda. No obstante, la promoción de la recuperación de las empresas debe estar basada en instrumentos tributarios, créditos bancarios blandos –con subsidio a la tasa de interés en especial a la pequeña y mediana empresa–, extensión del subsidio a la nómina, disminución de costos de contratación, etc. Medidas con efectos permanentes.
Ciertamente, mantener e implementar las medidas anteriores requiere dinero en efectivo. No obstante, la idea presentada por la Andi (en el 5º Congreso Empresarial Colombiano) de crear un Fondo de Salvamento a través de un “único” préstamo del Banco de la República al Gobierno por 50 años y hasta por 50 billones de pesos, cuyo objetivo sea emitir bonos convertibles en acciones de empresas, es inconveniente desde todo punto de vista y, desde luego, una medida que restaría credibilidad tanto al Gobierno como al Emisor, de llegar a concretarse la unanimidad necesaria al interior de su junta para implementar una medida de última instancia como esta.
Es inconveniente por varias razones. Primero, lo de un “único” préstamo es poco creíble. En un escenario donde tal acuerdo se materializara, el Gobierno debe hacer creíble el compromiso de que sea por una única vez. Pero vendrán otras necesidades. En un país como Colombia, de ingreso medio-bajo (como en los hogares vulnerables) cada día trae su afán y, claro, se convierte en una medida fácil para mitigar el efecto de cualquier contratiempo económico. Segundo, se podría incentivar la salida masiva de capitales extranjeros, pues es mala señal usar de este modo la emisión del Banco para financiar déficits fiscales. Tercero, no es viable tomar medidas que incrementen más la deuda y el déficit del Gobierno, recordemos que dos veces este año se ha modificado la meta del déficit fiscal, la última vez en mayo, incrementándola hasta un 6,1 %, lo que significa casi 60 billones adicionales para mitigar los efectos de la pandemia, que a su vez implica un crecimiento de la deuda pública ubicándola en el 60 % del PIB.
El Gobierno y las agremiaciones tienen expertos economistas para diseñar medidas que no minen la credibilidad de las instituciones y de las autoridades económicas.
