Por Santiago Álvarez Roldán
Universidad Nacional - Sede Medellín
Construcción, semestre 9
sanalvarezrol@unal.edu.co
El concepto del riesgo en el contexto colombiano ha representado un factor determinante en la expedición de normas, políticas y planes de prevención, atención y recuperación de desastres, que se ha desarrollado paralelamente con el crecimiento de las principales ciudades del país.
Sin embargo, la consolidación de este concepto en los planes de desarrollo no fue suficiente para lograr la atención de eventos o desastres de manera oportuna en comunidades autogestionadas. A esto se le añade el hecho de que las normas y planes de emergencia no son analizados desde un enfoque integral de gestión y planificación, sino solo desde un orden técnico-administrativo.
En este sentido, es preciso preguntarse, ¿por qué los eventos ocurridos en las últimas décadas se presentan en asentamientos humanos con un alto índice de vulnerabilidad socioeconómica, si los programas de gestión del riesgo en el Valle de Aburrá tienen el poder político-administrativo de intervenir en la prevención y recuperación de desastres en estas zonas?
En tal sentido, el grado de afectación que sufre una comuna o barrio por un evento de carácter geológico se presenta debido a las condiciones de retiro de fuentes hídricas, los procesos de deforestación en la zona, las condiciones de infraestructura de las viviendas y edificios públicos, al grado de estabilización de suelos y, sobre todo, a la desigualdad en la construcción de un tejido social de asentamientos ubicados en las laderas oriental y occidental del Aburrá.
El Acuerdo 38 de 1981 del Concejo de Medellín, considera que “Los asentamientos clandestinos no son problemáticos en sí mismos por el hecho de transgredir el derecho de propiedad; sino por ser caóticos, sin alternativas de mejoramiento económico y social. Lo son por desatender características geológicas de la tierra y por crear situaciones de hecho como consecuencias del desequilibrio social, para el cual no se están dando soluciones estructurales”.
Son lamentables las consecuencias que resultan de los grandes eventos como sismos o deslizamientos, pero también es cuestionable la diligencia por parte de las instituciones encargadas de la gestión del riesgo, en el estudio de proyectos educativos y en los procesos de planificación del territorio para las comunidades autogestionadas.
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