El verdadero significado de la demanda federal antimonopolio presentada contra Google la semana pasada no puede ser captado por ningún debate estrecho sobre la doctrina legal o lo que el caso significará para la empresa. Este es un caso importante y merece una comprensión proporcionalmente amplia. La denuncia marca el regreso del gobierno de EE.UU. a un papel que muchos de nosotros temíamos había abandonado: disciplinar a los monopolios más grandes y poderosos del país.
El presidente Theodore Roosevelt explicó mejor el papel que desempeñó la ley antimonopolio después de que su Departamento de Justicia presentó una demanda en 1902 contra la Northern Securities Company, formada por J.P. Morgan y otros. Roosevelt le escribió a un amigo que “la pregunta vital” era si “el gobierno tiene el poder de controlar los fideicomisos”. Como había dicho anteriormente en un discurso, el “inmenso poder” de la riqueza agregada “sólo puede ser alcanzado por el poder aún mayor del pueblo en su conjunto”.
¿Puede el poder de las personas prevalecer sobre el poder de Google y otros gigantes empresariales? Como en los días de Roosevelt, el poder de las empresas privadas más grandes de hoy rivaliza con el del gobierno, y podría decirse que tienen más influencia sobre cómo vivimos.
Históricamente, la reacción al poder privado sin restricciones ha adoptado a menudo una de dos formas. Una es la aceptación pasiva, con la esperanza de que el sector privado haga lo mejor para el público. Eso es capitalismo sin restricciones. La otra forma es un intento agresivo de nacionalizar (o al menos regular) empresas poderosas, con el objetivo de convertirlas, en efecto, en servidores públicos. Eso es socialismo.
La tradición angloamericana de antimonopolio ofrece una tercera vía. Busca reducir o limitar el poder de monopolio privado, ya sea dividiendo una gran empresa en unidades más pequeñas o asegurando que la empresa siga siendo vulnerable a la competencia. Su genialidad es debilitar a la empresa demasiado poderosa privándola de la capacidad de aislarse indefinidamente de las fuerzas del mercado.
Es desde esta perspectiva tradicional antimonopolio que debe entenderse la demanda interpuesta contra Google. Los abogados del Departamento de Justicia no han escrito una denuncia que se centre en inteligencia artificial, algoritmos o cualquier otra cosa que sugiera tecnología del siglo XXI. De hecho, el gobierno federal ha copiado la exitosa demanda antimonopolio que presentó contra Microsoft en 1998.
Google es un monopolio clásico, dice la denuncia, y ha utilizado medios indebidos para protegerse de la competencia: específicamente, llegando a acuerdos exclusivos con socios importantes como Apple que garantizan que su motor de búsqueda sea la opción predeterminada de todos. Con su participación de mercado dominante en búsquedas, estimada en 88 por ciento, Google tendrá dificultades para convencer a un juez de que carece de poder de monopolio.
Google y sus defensores pueden protestar: ¿Pero los consumidores resultaron heridos? ¿Dónde están los precios subidos? ¿No ha notado que el producto es gratis?
Como en el caso contra Microsoft (cuyo navegador web Internet Explorer también era gratuito), se acusa a Google de dañar el proceso mismo de la competencia. Un monopolio, si está inmunizado contra las fuerzas competitivas, puede comportarse con impunidad. En este caso, ese comportamiento puede incluir subir sus precios (para los anunciantes), degradar la calidad de su producto (con mayor publicidad) y debilitar las protecciones de privacidad.
En los últimos años, la experiencia de realizar una búsqueda en Google ha empeorado, al menos si su objetivo es encontrar información, en lugar de ver anuncios. Y en ausencia de una competencia real, Google se las arregla para hacer un seguimiento descarado de sus hábitos de compra, preferencias de visualización de videos y el contenido de sus conversaciones por correo electrónico.
Otros pueden instarnos a confiar en que las grandes empresas como Google son fundamentalmente bien intencionadas. Ese punto de vista ha prevalecido durante 20 años. Ha profundizado la desigualdad económica. Es por eso que la demanda tiene un significado mayor: es un recordatorio de que incluso las empresas privadas más poderosas tienen que contar con el poder aún mayor del pueblo.
