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Los analistas afirman que son muchas las causas que conducen a la caída del sistema democrático y el crecimiento de formas autoritarias, populistas y demagógicas, que aprovechan el desajuste institucional y personal para presentar un lenguaje mesiánico, que aunque falso, aparece con visos de esperanzador y alternativo.
Se explicó, en esta misma columna, que buena parte de gobernantes y administradores políticos actúan alimentados por un desconcertante egoísmo, una total ausencia de formación integral como personas y como profesionales, y un desquiciado afán de enriquecimiento que los lleva a matricularse en las más absurdas aventuras de corrupción.
Pero si este censurable comportamiento se lleva de lleno a las instituciones, impidiendo su marcha o haciendo que estas operen en sentido contrario a los fines constitucionales del bien común, no cabe duda que el terreno hacia el absolutismo populista será más fértil. Ya observamos que una de las primeras manifestaciones de la decadencia de la legitimidad de los gobiernos se presenta cuando los sistemas de control institucional no funcionan o simplemente actúan de manera sospechosamente complaciente con los sujetos objeto de su vigilancia.
Un sistema político corrupto y pusilánime puede ser soportable y duradero, incluso bajo esquemas débiles y cómplices de control, si la justicia opera de manera independiente, autónoma y con serios criterios de integridad social y moral. La caída de un sistema político decente no será duradera mientras la justicia acuda a incluir a los excluidos, a buscar igualdad en los desplazados, a considerar como personas a los desamparados, a tratar a todos con criterios de integridad personal. Cuando así ocurre, hay esperanza de convivencia social razonablemente civilizada.
Una justicia que ha perdido su valor supremo como órgano de inclusión y control social, con fundamento en altos conceptos axiológicos, constituye el preámbulo firme para la caída del sistema democrático y el ascenso de autoritarismos populistas.
Al nuevo Ministro de Justicia, queremos enviarle este mensaje. No se trata de radicar una nueva proyecto de reforma instrumental al Gobierno en la justicia, con algunos pequeños ajustes burocráticos. Ese procedimiento se viene cumpliendo sin ningún efecto positivo desde la expedición de la Carta del 91 y aún antes. Se debe rescatar el valor supremo de la justicia, adoptar medidas para que sólo tengamos jueces probos e íntegros y que la justicia llegue a los olvidados, a los desplazados, a los informales, a los no reconocidos. El acceso a una pronta, ecuánime y ética justicia es la condición fundamental para la construcción de una sociedad en franca convivencia.
Para saber qué se requiere en términos de justicia, no basta con dialogar con las Altas Cortes, es importante que el señor Ministro, que ha sido un académico, asista a una jornada en algún consultorio jurídico de nuestras universidades, para que se percate, no sólo cómo se desarrollan los problemas jurídicos en la informalidad, sino como ni siquiera existen mecanismos jurídicos para solucionar los conflictos de derecho nacidos en esa informalidad. Ahí empieza la verdadera justicia.
