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Sería una insensatez absoluta desconocer la extrema gravedad del crimen cometido por soldados que violan a una menor de edad. Es un delito que debe ser castigado con el máximo de severidad, si no con la cadena perpetua sí con una condena que haga sentir todo el peso de la ley, toda la indignación de una sociedad herida, contra los perpetradores de semejante agresión. Pero así mismo es un disparate o una expresión de ignorancia maliciosa sugerir que los criminales están entrenados para actuar así, que hay propósitos y procedimientos institucionales que legitiman la formación de atroces delincuentes en las filas de la milicia y la policía.
Que tal insinuación la haga algún parroquiano anónimo tampoco es aceptable, pero se explicaría por el modo ligero de juzgar que suelen aplicar los opinadores espontáneos en las calles. A lo que no hay derecho es a que todo un expresidente, que ha comandado las Fuerzas Armadas, que debe tener suficiente conocimiento del régimen interno de la institución, ponga en práctica su famoso método del espaldarazo para situarse al lado de los detractores sistemáticos y feroces del Ejército y demás fuerzas militares y policivas.
De igual modo, es injustificable que desde determinados medios periodísticos, que se presume son bien intencionados, se les haga el juego a los ejecutores enconados de una estrategia de descrédito de todo aquello que represente la autoridad institucional. Reconocen la fuerza sugestiva de los operativos mediáticos y estimo que utilizan a periodistas competentes pero incautos para atentar contra el prestigio y la credibilidad de los defensores constitucionales de la soberanía, las fronteras, el orden público, la seguridad ciudadana y la vida y honra de los asociados.
He sido radioescucha diario y noctívago empedernido. Creo en la buena fe, la calidad del servicio y la confiabilidad de la información que proporcionan mis colegas. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con que se ensañen en los ataques persistentes, sospechosos, contra la fuerza pública en general. Como ciudadano he creído que las instituciones no delinquen. Ni siquiera en situaciones extremas. Hay normas constitucionales, legales y reglamentarias basadas en los mejores propósitos de un estado social de derecho. Las infracciones y violaciones individuales son punibles, y creo que se castigan, para que esté a salvo la integridad institucional.
Repetir con insistencia rara una misma noticia desde la madrugada hasta la media noche, como si hubiera que remacharla. Decirla o cantarla con un ridículo tono de entusiasmo y complacencia, como si estuviera celebrándose un trofeo informativo. Consultar a los mismos asesores de cabecera que ya tienen elaborado el dictamen consabido. Son modos de obediencia a la consigna torticera de darle bien duro a la fuerza pública. ¿De qué lado estamos?.
