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“La violencia en Colombia ha sido un fenómeno persistente que ha marcado nuestra historia a lo largo de muchas décadas”. Para responder a la violencia es necesario: “garantizar que el monopolio del uso de la fuerza esté en manos de las instituciones armadas estatales, según el mandato constitucional; recuperar la capacidad de la Justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad, y, finalmente, ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional”.
Todo lo planteado pudo haber sido relevante en 1991 cuando Gaviria expidió la Estrategia nacional contra la violencia, de donde extraigo las citas. Que hoy, casi tres décadas más tarde, sigamos en lo mismo, indica, por lo menos, un alto nivel de estancamiento.
Seguimos en la ruina circular, merodeando sobre la muerte y la podredumbre, usando palabras perfectas para prometer gobierno, mientras que todo sigue igual: el Estado no ejerce el monopolio del uso de la fuerza; la justicia sanciona el delito cuando puede y quiere; y el Estado no llega a todo lado. Entretanto, seguimos, degradando en el pantano o cayendo en el abismo de la violencia.
La debilidad estatal no es coyuntural, es una característica esencial del Estado colombiano. El deseo de gobernar está ligado recurrentemente, no con la defensa de lo público, sino con el aprovechamiento de lo público con fines clientelares. En un país de leyes y leguleyos, estamos inundados de normas que no transforman la realidad. El fondo del asunto es que nuestras formas de gobierno son más retóricas que verificables, más simbólicas que efectivas. Incorporamos la modernidad y la democracia como nociones formales de nuestra experiencia como cuerpo político y sistema de gobierno. Sin embargo, ni la democracia participativa ni su reflejo en la administración pública se manifiestan en los términos de la florida retórica que les da vida imaginaria.
A la par de tanta modernidad y democracia, siempre ha estado la violencia, esa mancha que nos persigue como sombra, que no nos deja, que está con nosotros, no desde 1991 sino desde siempre. Es hora que nos demos cuenta que la violencia marca el desarrollo de nuestras instituciones, de nuestras reglas de juego y de nuestras formas de gobierno. Es “un fenómeno por derecho propio”, como alertó Hannah Arendt, que derruye el poder y engendra arbitrariedad (Crisis of the Republic 1969).
La violencia entre nosotros es un proceso que no hemos querido atender, que define nuestra evolución como comunidad política. La violencia de nuestra historia y nuestro presente carcome valores esenciales de humanidad y solidaridad. Esa violencia ha raído nuestra comprensión del poder y de la cosa pública.
Arendt advirtió que “la violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso acaba por hacer desaparecer al poder”. Así, en Colombia, en donde la violencia no se agota, sino que se usa como instrumento de causas nobles, el poder está completamente distorsionado, y promete, otra vez, a golpe de más violencia, combatir la violencia.
Arendt remata su ensayo, con una terrible advertencia: “si los fines (de restablecimiento de la ley y el orden) no se obtienen rápidamente, el resultado no será solo la derrota sino la introducción de la práctica de la violencia a todo el cuerpo político”. Llevamos décadas exaltando a la violencia como la estrategia contra la violencia, ¿no será hora de pensar a mediano y largo plazo, y abordar sus causas?.
