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Este último domingo de mayo se lleva a cabo la primera vuelta presidencial en las elecciones en Colombia y todo parece indicar que en esta oportunidad ninguna de las opciones en disputa obtendrá la mitad de los votos más uno, necesario para ser elegido, y tendremos, seguramente, segunda vuelta el tercer domingo de junio entre las dos fórmulas más votadas inicialmente. Así que debemos tener paciencia y esperar a que en su momento la decisión de los ciudadanos colombianos nos indique cuál será la fórmula que conducirá el gobierno durante el próximo cuatrienio.
Más allá de los problemas que las encuestas y cada uno de los programas de los candidatos considera prioritarios, quisiera destacar la importancia estratégica, para el gobierno próximo, de iniciar la reconciliación para poder avanzar en el cambio de la cultura política colombiana, de tal manera que vayamos progresivamente consolidando una cultura democrática de respeto por la diferencia y de considerar al otro como un adversario y no como un enemigo —que es lo que prima hoy día desde los campos de la derecha política, pero también desde la izquierda—.
Empezar a aclimatar la reconciliación —que no es una tarea de corto plazo— requiere una política pública educativa y un cambio cultural, que era, justamente, lo que se esperaba del gobierno encargado de iniciar la implementación del Acuerdo de La Habana; sin embargo, ganaron las elecciones las fuerzas que se oponían a los acuerdos —en esta ocasión, solo el candidato Rodolfo Hernández votó en contra del plebiscito, los otros tres candidatos lo hicieron a favor, Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez— y lo que hemos tenido es un gobierno que a regañadientes ha implementado muy parcialmente los mismos y, por supuesto, a este eje de cambio cultural y de reconciliación no le dedicó la más mínima prioridad —más bien, hubo fue un permanente botafuego para impedir que se avanzara en esa dirección—. Porque promover la reconciliación es una política pública que debe involucrar las instituciones educativas —universidades, colegios, etc.—, los medios de comunicación de masas, los partidos políticos, las iglesias; en fin, que toda la sociedad trabaje en la misma dirección, pero eso solo es posible si el gobierno asume la camiseta de “director de orquesta” de ese esfuerzo colectivo.
Porque si bien es parcialmente cierto que la pobreza y la desigualdad son una de las causas de la violencia ciudadana, también es fundamental que, además de mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias —que es prioritario—, se promueva un cambio cultural. Uno que realmente permita, por ejemplo, que tendencias proclives a la venganza —que están muy a flor de piel en la sociedad colombiana— vayan siendo desplazadas y transformadas y que progresivamente entendamos que la democracia no es solo elegir de forma periódica a los gobernantes. Porque democracia también es aceptar la diferencia y la diversidad y aprender a convivir con las mismas; en esa medida, es desterrar del leguaje y de la práctica política expresiones propias de la guerra, como enemigo, y, por el contrario, entender que en democracia existen es adversarios con quienes eventualmente podemos construir acuerdos parciales, pero, sobre todo, coexistir de manera positiva.
Sin importar quién sea el nuevo presidente de los colombianos, esperaría que hiciera de la reconciliación de la sociedad colombiana una estrategia prioritaria de su gobierno. Políticas públicas estratégicas en esa dirección son fundamentales. Esto, adicionalmente, ayudará a crear un ambiente favorable al importante trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Unidad de Víctimas, al igual que al análisis tranquilo, aunque crítico, que nos presente a los colombianos la Comisión Especial para el Esclarecimiento de la Verdad.
