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Uno de los ejes principales de la transición energética es la descarbonización del transporte. Según la Agencia Internacional de Energía, este sector es el de mayor dependencia de combustibles fósiles y representa cercal del 37 % del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los sectores de consumo final de energía. Adicionalmente, las emisiones de este sector exhiben la mayor tendencia de crecimiento a futuro, con el 70 % concentradas en el transporte terrestre, un patrón que se acentúa en economías emergentes. A pesar de los esfuerzos de empresas automotrices de ofrecer vehículos de combustión cada vez más eficientes, estos avances tecnológicos son opacados, en materia de emisiones, por el rápido incremento del parque automotor a nivel mundial. En Colombia, después del cambio en el uso del suelo, que incluye la deforestación y el sector agropecuario, el transporte es una de las principales fuentes de gases contaminantes, y junto con los procesos industriales contribuye a más del 20 % del total de las emisiones nacionales.
En los últimos diez años, varios países han introducido diferentes políticas para incentivar la movilidad limpia, entre las que se destacan incentivos tributarios para la adquisición de vehículos eléctricos y de hidrógeno. Otras medidas incluyen cargos por congestión o esquemas más sofisticados y autosostenibles como los feebates, que combinan tarifas y descuentos en la compra de vehículos dependiendo de las emisiones futuras que estos generen. Algunos países desarrollados han sido más agresivos y han prohibido la venta de vehículos a combustión a partir de 2035. Todo esto ha propiciado una fuerte dinámica en el mercado de vehículos eléctricos, pasando de solo 130 mil unidades vendidas en 2012 a más de 6,6 millones en 2021, o casi el 10 % del total de las ventas globales en ese año.
Colombia no se ha quedado atrás y hoy es líder regional en movilidad sostenible gracias a políticas públicas contenidas en la ley 1964 de 2019, de Movilidad Eléctrica, y la ley 2099 de 2021, de Transición Energética. Algunos de los beneficios más importantes para la compra de vehículos eléctricos, los cuales son consistentes con una transición energética que se ajusta a nuestras realidades, incluyen exención de aranceles e impuesto al consumo, tasas reducidas del impuesto sobre los vehículos y el IVA de 1 % y 5 %, respectivamente, descuentos en el seguro obligatorio y la revisión técnico-mecánica, y exención del pico y placa y el día sin carro. También existen incentivos sobre el impuesto de renta corporativa por concepto de eficiencia energética. Finalmente, y aunque hace falta mayor despliegue, se ha avanzado en infraestructura de carga, con corredores entre Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y la costa atlántica.
En los últimos cuatro años, con más de 8.300 vehículos totalmente eléctricos, se superó con creces la meta de gobierno. Desde 2019, Colombia es líder en venta de vehículos eléctricos en América Latina, en 2020 y 2021 se batieron récord de ventas a pesar de la pandemia, y hoy tenemos una de las mayores flotas de buses eléctricos en el mundo. La meta a 2030 es llegar a 600 mil vehículos eléctricos, un objetivo necesario y realista si se mantienen y se complementan las políticas actuales
