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El presidente Iván Duque, su partido el Centro Democrático y su máximo líder, el ex presidente Álvaro Uribe; le han entregado al país en estos insoportables y angustiantes días una radiografía nítida de la forma en la cual ven a Colombia. Sus estigmatizaciones de la protesta social, sus llamados afanosos a encontrar conspiraciones en la movilización masiva y, peor aún, su incapacidad de advertir el tamaño del hartazgo nacional contra las políticas que impulsan, enseñan una pavorosa desconexión con un país sumido en la pobreza, la desigualdad y la violencia sistemática.
Lo que inició como una protesta contra una reforma tributaria absurda -de la que se arrepintió hasta el oficialismo- terminó por encausar un espíritu de desasosiego que busca una salida desde hace años. A la súplica juvenil que vimos en las calles en noviembre del 2019 -la falta de oportunidades de educación, el desempleo y los asesinatos de líderes sociales- se le sumó en este último año una debacle institucional sin precedentes y un manejo vergonzoso de la pandemia.
Resultaría ingenuo no reconocer que en medio de los desmanes de los últimos días pueden verse signos de grupos que buscan aprovecharse del caos, pero es aún más obtuso no entender que el grito de auxilio del pueblo va más allá. Esta es, a diferencia de otras marchas y otros momentos, una exigencia ciudadana atomizada, acéfala, aglutinada por el cansancio y el sentimiento de desprotección estatal. Los manifestantes no siguen órdenes de mentes maquiavélicas; responden al desasosiego, al desempleo y al hambre.
La andanada de generalizaciones y señalamientos tendenciosos que el gobierno y el Centro Democrático derraman sobre todo aquellos que los interpelan rompe las posibilidades de diálogo e invitan a la violencia. Se acusa -ya no de opositores, sino de enemigos- a una larga lista que incluye a políticos, periodistas, líderes sociales, académicos y rectores universitarios. Insisten en su patética y peligrosa arenga de: “los buenos somos más”.
La represión es brutal. Lo dicen los videos y las fotos de aquellos que están en las calles. Lo dicen la Procuraduría y la Defensoría. También lo alertan la Unión Europea y las Naciones Unidas y la OEA. Pero el gobierno y su partido lo niegan todo. Explican que sólo ellos saben qué es lo que pasa realmente en el país. Y profundizan su maniqueísmo. Están convencidos que hay que acelerar sin importar quién esté debajo
