En el programa #ColombiaEstáAlAire de Blu Radio emitimos una sección dedicada a los proyectos productivos de los desmovilizados de las extintas Farc: cultivadores de café, veterinarios, confeccionistas, guías turísticos, cerveceros y asistentes científicos que buscan reintegrarse a la sociedad.
Una mañana, el invitado solicitó que ocultáramos su identidad para continuar con su negocio sin arriesgarse. ¡Desde la firma de los Acuerdos de La Habana han sido asesinados 185 excombatientes!
Es común oír “estoy mamado de la paz” o “cuál paz”, reflejo de nuestra memoria ausente.
Ese proceso que tanto “mama” sigue firme a pesar del triunfo del “No” y su renegociación, de las caídas de las curules para las víctimas, de las objeciones a la Jurisdicción especial para la paz (mientras que Iván Duque sacaba pecho en el exterior con los Acuerdos, hundía el puñal en casa)... y de la codicia de “El Paisa”, “Iván Márquez” y demás disidentes, criminales cuyo destino no le corresponde a la justicia transicional.
Pero hay más: la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que el Acuerdo es “semifallido”. ¿Por qué dejar “semi-fallido” lo que puede ser completamente fallido? El Gobierno, coherente con su interés en atizar el conflicto interno, premió a la funcionaria designándola como Consejera presidencial para los Derechos Humanos.
Es la misma coherencia de Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica: desde Nueva York, notificaron que el CNMH fue expulsado de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia y de la Reslac (Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños), una autoridad global en memoria.
Entre tantas dificultades, la que más se acerca a las “trizas” es el desplazamiento de los desmovilizados del otrora Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz (Santa Lucía, Ituango). Desde la firma de los Acuerdos han asesinado a doce personas de ese asentamiento; tras la muerte violenta de César Herrera, sesenta excombatientes decidieron partir con sus familias. Se calcula que 160 ciudadanos abandonarán el sitio en un plazo de tres a seis meses.
Una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo del 24 de enero advirtió que excombatientes, presidentes de Juntas de Acción Comunal, participantes de programas estatales como el Plan nacional de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos; así como comerciantes, transportadores y niños, están en riesgo: “Las autodenominadas AGC han avanzado en su proceso expansivo hasta conformar un corredor que les permite la comunicación y movilidad desde el municipio de Tarazá en la subregión del Bajo Cauca, hasta el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, buscando afectar así la capacidad de actuación que el Frente 18 pudiese lograr al fortalecer su presencia desde el Nudo de Paramillo en el sur de Córdoba hacia el corregimiento de Santa Rita en el municipio de Ituango”.
De acuerdo con Ómar Restrepo, representante a la Cámara del partido Farc, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, les propuso a los habitantes de Santa Lucía y Carrizal mudarse a Tarazá.
¿¡Ta-ra-zá!?
Los desmovilizados, además, carecen de garantías para sus proyectos productivos. El abandono de Santa Lucía podría marcar un precedente para los veinticuatro asentamientos de excombatientes: el prólogo de las “trizas”.
Después de ojo sacado, no hay Santa Lucía que valga. No se trata del lugar donde se asienten los excombatientes, sino de la voluntad política del Gobierno... y, por supuesto, del Partido Farc.
