Por Luz A. Gómez - opinion@elcolombiano.com.co
Por Luz A. Gómez - opinion@elcolombiano.com.co
Tengo una hermana con una discapacidad mental absoluta, fue declarada interdicta y, al no tener ella ni padres ni hijos, yo, como hermana, debí asumir el papel de tutora, cuidadora y responsable económica de lo que necesite. Para cubrir su salud, debo pagarle la UPC porque, a pesar de su condición, el sistema de salud no la admite como beneficiaria de mi EPS, pues “la ley 100 no considera un hermano como parte del grupo familiar” (¿entonces parte de quién?). El costo de la UPC es mayor a medida que se tienen más años, y si se es mujer, más. En mi caso, lo que debo pagar aumentó un 20 % del 2021 al 2022. Para mí es preocupante un alza tan exagerada en un solo rubro de las obligaciones, a lo que se suma que, como pensionada, el aumento de la mesada solo fue el del IPC. La brecha entre ingresos y egresos es cada vez mayor.
Me surgen algunos interrogantes, que espero alguien pueda responder; eso sí, que no sean los candidatos: ellos, con seguridad, dirán que van a solucionarlos una vez posesionados.
¿Por qué esa discriminación en el costo de la UPC para hombres y mujeres cuando la posibilidad de enfermarse es igual para ambos sexos?
¿Por qué entidades vigiladas por el Estado hacen aumentos por encima del salario mínimo?
¿Por qué, para los pensionados, el aumento de la mesada está por debajo del salario mínimo cuando las alzas en productos y servicios son iguales para todos? ¿Eso no es discriminación?
Seguro que la respuesta será que la culpa de estas alzas la tienen la pandemia y los contenedores, una salida facilista para justificar los aumentos que tocan el bolsillo de los colombianos.
Ahora entiendo por qué tantas familias que tienen adultos y personas con enfermedades graves los abandonan, pues no son capaces de responder a su cuidado y manutención económica
