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El plan del gobierno de Argentina de traer hasta 500 médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus es una de las ideas más disparatadas desde el punto de vista de los derechos humanos, la economía y la salud pública que se estén viendo en estos momentos en América Latina.
Antes de mencionar el hecho de que Argentina, en medio de su crisis económica, podría gastar millones de dólares para pagar a los trabajadores cubanos que en muchos casos ni siquiera son profesionales de la salud, permítanme compartir con ustedes varias otras razones por las cuales la decisión del gobierno argentino es lamentable.
Primero, en materia de derechos humanos, el programa estatal de Cuba de exportar médicos con fines de lucro es una explotación laboral que equivale al tráfico de esclavos.
En la mayoría de los países donde trabajan bajo este tipo de acuerdos con Cuba, los médicos cubanos reciben apenas entre el 10 % y el 25 % de sus salarios. Alrededor de un 80 % del dinero pagado por los países por su trabajo va a la dictadura de Cuba, y un 5 % a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El gobierno de Brasil reveló que bajo los acuerdos con Cuba el gobierno anterior de Brasil había pagado US$3.400 mensuales por cada médico cubano, pero los médicos cubanos solo recibían unos US$790 por mes. Varios de ellos desertaron en Brasil y presentaron demandas que exigen el pago de sus salarios completos.
Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, en 2015 había unos 37.000 médicos cubanos en 77 países. Cuba recibía unos US$11.000 millones al año por este tráfico humano, aunque esa cifra cayó tras la expulsión de médicos cubanos de Brasil, Uruguay, Ecuador y otros países.
En segundo lugar, en materia económica, Argentina está quebrada. ¿Cómo puede Argentina permitirse gastar millones en médicos cubanos que ni siquiera necesita? Si Argentina paga lo que pagaba Brasil al régimen cubano, tendría que pagar 20,4 millones de dólares al año por los 500 médicos cubanos.
Tercero, Argentina es uno de los países latinoamericanos con más médicos per cápita. Según el Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/sh.med.phys.zs), Argentina tiene cuatro médicos por cada 1.000 personas. Comparativamente, Finlandia tiene 3.8 médicos por cada 1.000 personas, Estados Unidos 2.6, Brasil 2,1, y México 2,2.
No es sorprendente que la Confederación Médica de la República Argentina haya enviado una carta al ministro de Salud del país indicando que “hay suficientes médicos en cantidad y calidad para enfrentar cualquier emergencia”.
Además, hay alrededor de 700 médicos venezolanos exiliados en Argentina y esperando sus licencias profesionales, según Yang Álvarez, coordinador internacional de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina.
Asimismo, hay unos 100 médicos argentinos que se han quedado varados en el extranjero desde el estallido de la pandemia de covid-19, dice Andrei Serbin Pont, director del centro de estudios políticos regionales Cries.
“En lugar de traer médicos cubanos, sería mucho más eficiente traer a los 100 médicos argentinos que quieren volver al país, y permitir que los 700 médicos venezolanos que ya están aquí reciban sus licencias y comiencen a trabajar”, me dijo Serbin Pont.
Cuarto, en materia de la atención médica pública, muchos de los llamados médicos cubanos que la isla envía al extranjero son enfermeros, o trabajadores de otros rubros, o agentes de seguridad. Cuando Bolivia expulsó recientemente a sus 702 médicos cubanos, el ministro de Salud boliviano reveló que solo 205 de ellos eran profesionales de la salud.
Lo más probable es que este plan alocado de traer médicos cubanos sea la forma en que la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le esté pagando el favor a Cuba por haber albergado a su hija Florencia durante más de un año. Florencia se mudó a Cuba después de ser acusada de esconder $4,6 millones de dólares en fondos no declarados en dos cajas de seguridad en Argentina.
En suma, la decisión del gobierno argentino de traer a estos médicos cubanos no solo es ridícula, sino una abierta violación de los derechos laborales y humanos más elementales. ¡Qué vergüenza!.
