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Hoy y mañana, la sección de Primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción especial para la paz (JEP) realiza audiencias públicas en Medellín por una razón básica: el Estado ha fallado. Y lo ha hecho ante una atroz vulneración de los derechos humanos: la desaparición forzada.
La JEP está en nuestra ciudad como respuesta a la solicitud de dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y siete familiares de desaparecidos para que se adopten medidas cautelares anticipadas (es decir, garantizar que se logre esclarecimiento) sobre lugares donde “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado”. Se trata de dieciséis sitios ubicados en Sucre, Santander, Caldas, Cesar y Antioquia (algunos municipios en el área de Hidroituango; el caso que se discute hoy –la Comuna 13–, concentrado en la Escombrera, la Arenera y polígonos adyacentes; y el cementerio Universal).
Consideremos un “tiempo prudencial” para la acción del Estado, con la Operación Orión (2002) como ejemplo: ¿Por qué diecisiete años después del operativo las instituciones oficiales todavía no ofrecen respuestas claras para las familias de las víctimas? El alcance de las estructuras del poder establecido permite entender la importancia de estas audiencias. En Colombia, los funcionarios que yerran por acción u omisión suelen “caer parados”; verbigracia: la ministra de Defensa durante la Operación Orión, Marta Lucía Ramírez, es hoy vicepresidenta. O EPM que, sin haber terminado de resolver los asuntos económicos y humanitarios que atañen a la contingencia de Hidroituango, ahora estudia posibles alianzas para la compra de Electricaribe. Y ¿la gente? ¿Dónde queda la gente? ¿La desaparecida... ¡la que queda viva!?
El magistrado Gustavo Salazar, quien preside las audiencias, explica que “es posible que en el marco del proceso se lleguen a detectar posibles responsables [guerrillas, paramilitares, Estado...], pero ese no es el foco”. Hay tres claves para comprender el papel de la JEP en Medellín: 1) estas audiencias son una reiteración de la centralidad de las víctimas; su carga es simbólica, de reconocimiento, de dignidad y respeto; 2) otorgan a las víctimas la posibilidad de controvertir, y 3) abren una nueva esperanza para encontrar desaparecidos. Colombia cuenta con el conocimiento forense, falta la voluntad política.
La JEP no compite con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sino que complementa su labor al escudriñar si el Estado procedió con rigurosidad y diligencia en casos de desaparición. De estas audiencias quedarán órdenes de obligatorio cumplimiento que jueces, fiscales, alcaldes y gobernadores, entre otros, deberán acatar. (A quienes en el pasado no obedecieron o demoraron la entrega de información, se les abrieron incidentes de desacato, como ocurrió con los alcaldes de Nechí, Cáceres y San Onofre).
Estas audiencias de la JEP coinciden –alarmantemente– con las recientes revelaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal que señalan que, entre 2008 y 2018, se reportaron 81 364 casos de personas desaparecidas. Un 51,72 % de esos reportes no ha sido esclarecido. En Colombia desaparece un promedio de diecisiete personas cada día.
Cuando se trata de desaparición –al margen de su origen– no hay “casos aislados”; las que sí parecen aisladas son las instituciones del Estado. Ya es hora de que aparezcan.
