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The Great Hack (Netflix) muestra cómo Cambridge Analytica usó los datos de millones de ciudadanos para fragmentar, instrumentalizar votos y responder a las intenciones de personajes como Nigel Farage (Brexit) y Steve Bannon (pro-Trump). En Colombia, la retoma del poder uribista no es ajena a esa fragmentación e instrumentalización electoral (“Nos vamos a volver como Venezuela”; “entregar el país a las Farc”...). Frente a una opinión pública distraída con los “aprendizajes” presidenciales, el verdadero Poder trabaja en su interés superior: echarle tierra a la restitución.
La Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, rige durante una década. En cincuenta años de guerra se despojaron 6,5 millones de hectáreas. De acuerdo con información de las fundaciones Pares y Forjando Futuros, extraída de 3.761 sentencias judiciales sobre restitución, el despojo se ha concentrado en minifundios: 50 % de los predios restituidos son propiedades inferiores a 3 hectáreas; 25 % miden entre 3 y 10. Solo un 21 % supera la extensión de 10 a 50 hectáreas.
¿Por qué cuando se descartó a Claudia Ortiz –cuota de Álvaro Uribe– para la Unidad Nacional de Protección, la nombraron en la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ANDR) a pesar de carecer de la formación académica (maestría) requerida para el cargo?
En 2017, después de una investigación que demarcó 33 casos de supuesta acumulación irregular de baldíos, la Contraloría General le solicitó a la ANDR adelantar acciones judiciales para anular ventas de baldíos en las cuales se verificara acumulación indebida. Relacionó 11 predios con extensión de 103 hectáreas a nombre de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo.
Por su lado, María Fernanda Cabal abandera la modificación a la Ley 1448, basada en los llamados “tenedores de buena fe”: quienes adquirieron los predios después de que sus antiguos propietarios fueran despojados. ¿Cómo partir de la “buena fe” como un absoluto cuando 87 % de los casos que se han presentado de oposición en reclamaciones no lograron probar su “buena fe exenta de culpa”?
Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), se ha negado a reconocer públicamente la existencia de conflicto armado. ¿Cómo, entonces, hace cumplir una ley que alude expresamente a las víctimas “con ocasión del conflicto armado interno”? Tomemos el caso de Urabá: Dayra Hernández dirige la URT territorial a pesar de haber representado a la contraparte de la comunidad étnica reclamante de Puerto Antioquia. Declararse impedida en dicho caso no basta, ¡tiene subordinados!
Desde 2008, solo en Antioquia, Forjando futuros ha registrado el asesinato de 144 líderes reclamantes.
Tiene razón El País (España): “El segundo asunto que de verdad le importa al uribismo [...] tiene que ver con la propiedad de la tierra, el verdadero caballo de batalla de los grandes terratenientes, entre ellos el propio Uribe” (“Dreyfus en Colombia”, 10-08-2019).
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, dijo que se está revisando la posible prórroga de esta ley. ¿Se busca ralentizar su aplicación en los años que le quedan? ¿Se intentará bloquear su prolongación?
Según la Defensoría del Pueblo, las víctimas son 17 % de la población, ¿cuál es el interés real detrás de desaparecer las dieciséis curules para las víctimas?
Insistimos en “votar berracos”: la democracia al servicio de particulares. Mientras tanto, el interés superior del Poder le echa tierra al interés público.
