El acceso a la educación superior de millones de jóvenes colombianos que tienen la esperanza de continuar su formación académica y profesional es uno de los principales retos de cualquier gobierno y de la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), la disminución de las matrículas durante el segundo semestre de 2020 fue de 11,3 % respecto al mismo periodo en 2019, la mayor disminución de la que se tiene registro en el sector. Adicionalmente, es preocupante que cerca del 33 % de los jóvenes no trabajan ni estudian, 11 puntos porcentuales más que en el año 2019, es decir, en Colombia hay más de 4 millones de jóvenes denominados “ninis” (ni estudian ni trabajan) en busca de oportunidades, la mayoría mujeres, que tienen más barreras para acceder al mercado laboral y académico.
Son múltiples las razones que tenemos como sociedad para aumentar el acceso y la calidad en la educación superior. En el mundo se han evidenciado sus impactos positivos en la reducción de la pobreza, desarrollo satisfactorio de proyectos de vida, aumento de la equidad social, reducción de brechas sociales, entre otros. Según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) en el 2019 en Colombia, 2.124.546 jóvenes se inscribieron a diferentes niveles de educación superior, sin embargo, tan solo 1.001.217 estudiantes fueron admitidos, es decir, alrededor del 52 % de los jóvenes que aspiran continuar sus estudios no obtienen la oportunidad. Las cifras muestran como la educación superior en Colombia es un privilegio que goza solo una parte de la población.
Adicionalmente, las brechas regionales en educación superior son grandes, las oportunidades se concentran en las grandes ciudades; por ejemplo, de 901 jóvenes en el Amazonas que se inscribieron a un programa de educación superior en el 2019, fueron admitidos 495, en Chocó de 9.176 solo 5.646, y estas cifras se replican en cada una de las regiones del país. Millones de jóvenes colombianos, principalmente vulnerables, están en busca de oportunidades formativas con el único objetivo de salir adelante, y superar la desigualdad y las múltiples barreras económicas y sociales con las que conviven.
Sumado a lo anterior, no es posible abordar los problemas educativos del país, sin reconocer el aumento de las dificultades en la educación que la pandemia ha traído. El Secretario General de las Naciones Unidas usó el término “catástrofe generacional” para referirse a las consecuencias que ha creado el virus del covid a la humanidad en términos no solamente educativos sino también sociales y económicos. Evitar o corregir al máximo este rumbo desolador, exige redoblar esfuerzos para que cada vez más jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la educación superior y salir adelante desde las oportunidades legales de progreso que permiten el conocimiento y las capacidades técnicas, profesionales y humanas.
Si queremos avanzar en la superación de la pobreza, la violencia y las inequidades sociales, debemos asegurar el futuro de la educación y un mejor porvenir para las nuevas generaciones. Esto no se logra con medidas transitorias sino estructurales, construyendo un pacto de país por una educación pública de calidad desde la primera infancia hasta la superior para todos los colombianos, apelando a la corresponsabilidad de los gobiernos, las empresas, la academia y las familias. Todos en pro de un propósito que trasciende los periodos de gobierno y los intereses particulares por tratarse de nuestro futuro común. Un futuro que se delinea con decisiones políticas a favor de la inversión y las oportunidades para el acceso, la permanencia, la pertinencia y la proyección de la educación superior en Colombia como motor de equidad y desarrollo