El 9 de abril, Día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, reiteramos el compromiso de la Unidad de Restitución de Tierras con las víctimas de Colombia, y celebramos que la restitución sea una política de Estado, más allá de cualquier interés o agenda gubernamental, y que finaliza su mandato en 2031.
Desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, llevamos la titánica tarea de devolverles la tierra a las víctimas de la violencia y el terrorismo en Colombia. En Antioquia hemos restituido cerca de 20.000 hectáreas que han beneficiado a 5.500 personas de 43 municipios. Nos enorgullece que 51 % de las restituidas del departamento sean mujeres, un enfoque diferencial que nos interesa mucho promover.
Con las víctimas hemos aprendido el significado de la resistencia, del arraigo, de su capacidad de volver a empezar por encima de cualquier rencor. Es claro que quieren verse con una posibilidad real de futuro y no ancladas en el pasado.
Los campesinos antioqueños restituidos, así como segundos ocupantes reconocidos o terceros de buena fe exenta de culpa, ese universo de personas consagradas a su campo y que padecieron la violencia y el desplazamiento, quieren volver a sembrar. Por eso, se han puesto manos a la obra y han implementado cerca de 900 proyectos productivos de café, cítricos, ganadería, mieles, piscicultura y porcicultura, para los cuales se han destinado aproximadamente 26 mil millones de pesos. Montebello, San Carlos, Granada y San Roque son ejemplos de municipios que fueron ejes de la violencia y hoy, tras el retorno de miles de campesinos, son centros del desarrollo rural y la paz con legalidad.
El compromiso de cumplirles a las víctimas pasa por reconocerlas y no revictimizar a nadie que ocupó, por extrema necesidad, un terreno de alguien más. También, por actuar articuladamente con las distintas instituciones nacionales y territoriales, la empresa privada y la cooperación internacional, para hacer de la restitución de tierras un logro sostenible en el tiempo. Los restituidos hoy pisan territorios recuperados por la Fuerza Pública, es imperioso garantizarles su seguridad y tranquilidad. De manera articulada Gobierno nacional y autoridades locales actuamos con atención prioritaria en los municipios PDET, entre los cuales destacan Dabeiba y Briceño, así como el inicio de tareas de la Unidad en Medellín y su área metropolitana. El objetivo de este Gobierno es atender a quienes más han sufrido con todo lo necesario para recuperar la confianza perdida.
El cambio más esencial de toda la política restitutiva son los recursos que las víctimas necesitan para arrancar de nuevo y poder trabajar sus tierras. Estos diez años de vigencia de la Ley nos han permitido verlo con claridad y así lograr que, a través de las sentencias se reconozcan una serie de medidas de reparación, entre ellas, la implementación de proyectos productivos con un acompañamiento técnico de dos años, la solución de vivienda, el saneamiento de pasivos y la provisión de bienes públicos, herramientas imprescindibles para garantizar su permanencia en los predios restituidos y sostener sus proyectos de vida.
Ya los campesinos restituidos de Antioquia empiezan a nombrarse emprendedores rurales y a exportar; y muchos se están asociando con sus comunidades para salir adelante porque saben de solidaridad. Esto es verdadera transformación de vidas
* Director General de la Unidad de Restitución de Tierras.
