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Al escuchar a Petro en el balcón de Palacio el pasado 14 de febrero y leer la propuesta de reforma a la salud, parece que ésta tiene más de politiqueo que de política pública, y que el cambio no apunta a construir una sociedad más democrática y equitativa. La reforma no resuelve los problemas más importantes que enfrenta el sistema de salud y generará otros de enormes consecuencias; se privilegia eso sí una postura política de más Estado (y por tanto eliminación de los llamados “cuasi mercados”) y lucha de clases (el presidente desde el balcón arengando con frases como “el cambio solo es posible con el pueblo... aquí llegó el momento de levantarse”).
Si la reforma a la salud tuviera una concepción desde la política pública, el cambio no significaría acabar con un sistema que ha tenido resultados extraordinarios: Colombia tiene, según The Lancet (2019), el segundo indicador más bajo de América Latina en cuanto a gasto de bolsillo (pagos directos de usuarios del servicio de salud como honorarios médicos, medicamentos y hospitalización entre otros) y equivale al 20.6% del gasto total en salud, mientras que en Latinoamérica este indicador es cercano al 43.0%. Además, el sistema colombiano es el único en América Latina cuya barrera de acceso originada por razones financieras es tan solo entre un 2.0% y 3.0% (Andrés Vecino, 2023). La reforma, según varios expertos, se enfoca en prevención, dejando pacientes sin la atención adecuada cuando presentan enfermedad crónica o cuidados al final de su vida (Gabriel Mesa, 2023). Además, el proyecto de ley nos devolvería a un sistema que ya existió en Colombia con malos resultados (con una población cinco veces menor que la que atiende actualmente el sistema). Según Jesús Botero vicerrector de la Universidad Medellín, al eliminarse la gestión del riesgo que realizan las EPS, se deja el sistema sujeto a agudas presiones de costos que no serán fácilmente financiables con los recursos del sistema y, por el contrario, según el experto Jairo Núñez este no tardaría más de dos o tres años en quebrarse.
En un seminario en Eafit la semana pasada se mostró que el principal factor que incide en las barreras de acceso a la salud en Colombia está asociado con el ámbito geográfico. La reforma debería, por tanto, transformar el acceso a la salud de las poblaciones más rurales del país. Esta ha sido una vieja deficiencia de la política pública colombiana que no se ha logrado resolver satisfactoriamente; las zonas rurales, en muchos ámbitos de la política social, requieren de tratamientos especiales, distintos a los contextos urbanos y cercanos a las diversas realidades del campo colombiano y de los municipios pequeños y alejados (pobreza, falta de educación, distancias, difícil acceso, baja población y dispersa, etc.). Para hacer este cambio no se necesita poner en riesgo la totalidad del sistema de salud, pero por supuesto es más fácil hacer política con la reforma que de verdad transformar la realidad rural.
