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En la columna anterior mostré que es incorrecto considerar a cualquiera de los grupos capitalistas de Colombia como actores moralmente virtuosos. La moral y el capitalismo pertenecen a mundos muy distintos. Quiero ahora considerar la situación extrema de un capitalismo sin ley ni orden que puede denominarse, en aras de la argumentación, “capitalismo paraco”. Este se desarrolló, sin ninguna limitación estatal o, mejor, con el apoyo del ejecutivo de turno, como una práctica específica de acumulación de capital y aumento de riqueza, que se produjo gracias a la conformación de una relación entre paramilitares, narcotraficantes, políticos y supuestos empresarios honorables. Uno de estos es José Félix Lafourie, presidente de Fedegán, denunciado ante la JEP recientemente por vínculos con el paramilitarismo por el exgobernador de Córdoba y expresidente del Fondo Ganadero de ese departamento, Benito Osorio. Esta denuncia fue posteriormente corroborada por Salvatore Mancuso, quien mostró que en la relación entre Fedegán y las Autodefensas Unidas de Colombia se trataba de “un tipo de alianza gremial, política y militar que ha tenido alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”.
El proyecto de apropiación de tierras realizado mediante esta alianza, con masacres y desplazamientos, es, de un lado, algo siniestro, pero, de otro, es la consecuencia de un proceso histórico de acaparamiento de tierras, que hunde sus raíces en los siglos XIX y XX. Estos procesos tienen como objetivo superar los límites a la acumulación capitalista impuestos por formas tradicionales o precapitalistas de la producción y el comercio. En los inicios del siglo XXI, las tierras pertenecientes a pequeños y medianos propietarios en Córdoba, Bolívar, Cesar, Meta, Norte de Santander y Caquetá se convirtieron en objeto de apropiación por aquellos grandes propietarios —aliados con el paramilitarismo— que requerían más tierras para ampliar su producción. El terrateniente que busca mantener la competencia y generar en lo posible mayores ganancias está determinado por un imperativo estructural de crecimiento en la economía capitalista que aviva constantemente el apetito de nuevas tierras.
En Colombia, ese apetito viene de muy atrás en la historia y ha sido satisfecho produciendo dolor y muerte. Los 6.402 falsos positivos, que “no estarían recogiendo café”, representan una de las situaciones más crueles y dolorosas de toda esta tragedia.
Entre nosotros no hay alternativa distinta a este horror que la de un proceso de justicia social redistributivo, el cual, frente al asunto de la tierra, debe proponer una reforma agraria estructural. Si se pretende desarrollar un discurso de “moralidad” para ponerle límites al capitalismo habría que comenzar con John Locke, filósofo inglés del siglo XVII. Locke afirma que el derecho a la propiedad no es algo absoluto. Para esto introduce tres restricciones: no apropiarse de más de lo que se pueda producir con las propias manos; la propiedad se puede fijar sólo sobre todas aquellas cosas que uno pueda usar sin que lleguen a malograrse; cada uno puede apropiarse de tanta tierra como pueda utilizar siempre y cuando quede para los otros suficiente y buena. ¡Y qué dirá Fedegán!
