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Juan José García Posada
Columnista

Juan José García Posada

Publicado el 27 de diciembre de 2021

El chip que falta es el de la confianza

Mientras se prolongue la preocupación obvia por la pandemia del virus innombrable y sus variedades, va haciéndose más notoria la corriente de los objetores de cualquier vacuna, mediante argumentos de todos los tipos, incluso hasta algunos sugestivos. Al cabo de los meses que he contado desde la primera dosis puedo concluir que no he detectado ningún chip microscópico en mi organismo, como el que un cauteloso buen amigo me advirtió que me inyectarían y me haría más bobo o más loco. Ni lo uno ni lo otro. Tampoco puedo creer que algún alcalde por ahí esté perfilándome por haber firmado la revocación de su mandato.

Los que se niegan a vacunarse pueden estar, en principio, en su derecho. Sin embargo, no es sensato ignorar los alcances y limitaciones jurídicos y éticos de esa decisión. Vacunarse puede ser una decisión individual respetable. Pero quien tome esa decisión debe ser consciente de los riesgos: Si desdeña o subestima los riesgos personales porque está en el derecho de creer que la vacuna no sirve, sí debe saber que para los demás, próximos o lejanos, familiares, amigos, vecinos o simples transeúntes, su negación y su resistencia (del que rehúsa la vacuna) pueden ocasionar consecuencias negativas en los otros.

Se invoca la libertad. Vale. Pero la libertad debe tener límites, si se le considera y respeta en el concepto cásico, ideado catorce siglos atrás, como la facultad de hacer lo que debe hacerse, valga decir, de obrar o abstenerse de hacerlo pensando en lo que puede ocasionarles a los demás y, claro, a uno mismo. La libertad tiene ese componente ético esencial, desde Aristóteles. Comporta la responsabilidad y, por consiguiente, el deber de asumir las consecuencias.

La vida en comunidad impone límites a la libertad, que no puede concebirse ni aplicarse a la guachapanda. Y, por consiguiente, cuando se trata de la salvaguarda del bien común o general, alguien, investido de autoridad legítima y aceptada por voluntad de los asociados, no puede abstenerse de actuar con el grado razonable de coercibilidad inherente a toda norma. Una orden carente de fuerza coercitiva se queda en el aire, como se han quedado montañas de reglas en todos los Estados de derecho, como el nuestro.

Es decir, no se trata de una orden dictatorial, sino de una decisión obvia de la autoridad, que, de algún modo, el más razonable, tiene que garantizar la eficacia de la orden restrictiva que se dicta por el bien general, no por el individual. Si tocare aceptar algún chip, que no lo ponga a uno a pensar u obrar como un bobo o un loco, este debería ser el chip de la confianza razonable en algo serio, como se presume que debe ser la ciencia 

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