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Los llamados organismos de control —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, y su extensión en los municipios, Personería— la gente los denomina “asustadurías”, porque frente a la corrupción imperante han acabado por convertirse en instituciones inoperantes que a los corruptos ya no los intimidan, sino que se han convertido en sus aliados.
Lo mismo podría decirse de los jueces en cuyas manos los términos de procesos se vencen, se dejan dormir en los anaqueles y los sindicados acaban por recobrar bien pronto su libertad, si es que acaso están detenidos o en casa por cárcel, sin devolver lo hurtado ni reparar el daño causado a la sociedad y al Estado.
Frente a esos delitos de corrupción las penas son mínimas y hasta irrisorias, no por vacíos de la ley, sino por el criterio laxo y contemporizador de los encargados de aplicarla.
Ahora resuena la frase que el doctor Álvaro Gómez Hurtado dijera hace ya más de 30 años: “Hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales”.
Si hace tres décadas ya se veía venir el problema, ahora ha cobrado mayor vigencia tal apreciación, porque son ostensibles los hechos de corrupción en que también los encargados de castigarla y disuadir a los corruptos se han hecho responsables.
El presupuesto de los organismos nacionales de control asciende a cerca de nueve billones de pesos para el año 2023 y frente a este enorme gasto del Estado son bien pobres los resultados. ¿Habrá algo positivo en la actividad de tales organismos?
Esta situación es más evidente aun en nuestra ciudad, en donde es ostensible una alianza entre los organismos de control que han cooptado los corruptos y la inoperancia de organismos como la Personería municipal, que poco o nada aporta a combatirlos.
Es inaudito que el investigado por la Fiscalía, Daniel Quintero, “condecore” a la fiscal que coordina las investigaciones en su contra, con la mayor desfachatez y la más amplia sonrisa.
Ese contubernio entre corruptos y organismos de control se manifiesta, además, en que a los denunciantes les abren investigaciones y demandas que se tramitan con la mayor celeridad y los sancionan para intimidarlos, mientras que a los delincuentes, como los falsos cirujanos plásticos condenados en otros países, no los castigan y siguen cobrando vidas en su terrorífica labor “profesional”.
Ese contubernio, ese maridaje entre investigadores e investigados, se manifiesta también en el cruce de favores.
No solo con homenajes y condecoraciones, sino también con nombramientos, como el enojoso caso del procurador regional que investigaba a un gobernador de Antioquia y que luego pasó a ser abogado del despacho de aquel y posteriormente quedó vinculado como jefe de la oficina Jurídica de Metroplús en la alcaldía de Quintero.
O el caso del tristemente célebre excontralor departamental Sergio Zuluaga, para cuyas desventuras judiciales el gobernador Luis Pérez pidió “misericordia”.
Post Scriptum: Precisamente, por esa avalancha de amenazas personales contra mí y mi familia, y por la asonada judicial puesta al servicio de los corruptos y en contra de mí, es por lo que debí abandonar el país en busca de garantías.
En Medellín no se puede denunciar la corrupción sin grave peligro para la vida o la persecución judicial del denunciante.
Agradezco la solidaridad que me han expresado los distintos estamentos del pueblo antioqueño
