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El 28 de octubre el presidente de la República y el Fiscal de la International Criminal Court (ICC) —Karim A. A. Khan QC— suscribieron en Bogotá un inusual acuerdo de siete artículos, mediante el cual el gobierno nacional y ese organismo adquieren determinados compromisos en materia de la investigación de los crímenes que —de forma excepcional y por vía de la complementariedad— pueden llegar a ser de competencia de esa Corte; además, concertaron el cumplimiento gubernamental de los acuerdos con las Farc, la seguridad de las víctimas y la garantía de que se apoyará el trabajo de la JEP en todos los planos. El origen de ese convenio es la precedente declaración oficial de la Oficina de la Fiscalía en cuya virtud ella pone fin a 17 años de examen preliminar de la situación en Colombia, asunto en torno al cual ya había elevado diversas consultas; de hecho, este era el caso en observación más antiguo que se tramitaba.
El asunto, sin embargo, no ha sido nada pacífico porque diversos entes se han opuesto con dureza al responder a la petición de esa Fiscalía, o al conocer la decisión. Por ejemplo, Human Rights Watch, mediante pronunciamiento del 30 de septiembre, afirma que cerrar el examen preliminar, en deferencia de las investigaciones nacionales, “resultaría prematuro y contraproducente para el objetivo de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de los graves delitos internacionales”; y advierte “significativos costos de oportunidad para la justicia en el país”. También, Amnistía Internacional llamó la atención en el sentido de que ello podría representar “un duro golpe para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.
Pero también, desde otra perspectiva, otros lo han recibido con mucho alborozo. Por ejemplo, la JEP —comunicado N.º 118 de la misma fecha del pacto— saludó la determinación, que calificó de “histórica” y como “un nuevo paradigma en la relación entre las autoridades nacionales y la Corte Penal Internacional” (¡parece que confunden a la Fiscalía con la ICC!), dado que “la Oficina del Fiscal reconoce y valida la justicia transicional creada en el Acuerdo Final para la Paz”; incluso, reivindica un pretenso “sello de la más alta calidad” en lo que llaman derecho penal internacional, “sobre los beneficios, las sanciones, los procedimientos, el esfuerzo y los resultados de la JEP”. Es más, se agrega: “Tuvieron que trascurrir solo 3 años de funcionamiento de la JEP para que, debido a su trabajo y compromiso contra la impunidad de los crímenes más graves, un hecho como este pudiera ocurrir”. Por eso, desde ahora se anuncia “una cooperación más eficaz y expedita”; igual complacencia mostró la Defensoría del Pueblo, cuyo vocero calificó la renuncia como “acertada y oportuna”; y, obvio, no podían faltar las declaraciones del fiscal general de la Nación. Todos, pues, recibieron agua bendita y quedaron bañados con olorosos perfumes.
Pero la la grandilocuencia y el populismo judicial también parecen ser patrimonio de la Fiscalía comandada por Khan cuando habla de una “manifestación ejemplar de la complementariedad positiva y en acción” y, en público, cual político en campaña, señala: “me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar”. Es más, en ese contexto también deben entenderse sus palabras al diario español El País, el pasado 29 de octubre: “si alguna vez determinamos que los procesos son una farsa, que son ficción, que tienen como objetivo ocultar algo o que hay impunidad deliberada, mi oficina no tardará en intervenir y cumplir con sus propias obligaciones estatutarias”.
En fin, solo resta esperar a que esta nueva “complementariedad positiva” puesta en escena no sea un mero canto de sirenas y luego no deba decirse que se trataba de un acuerdo con muchos visos de contenido político y muy pocos de índole jurídica, amén de que potenció la impunidad y no satisfizo a los millones de víctimas
