Por Pedro Estrada Toro
Universidad Eafit
Ciencias Políticas, semestre 5
pestradat@eafit.edu.co
El 4 de julio de 1991 se promulgó la Constitución Política colombiana, de la mano de políticos que representaban sectores tan diversos como Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa y el hijo de Laureano Gómez, el conservador Álvaro Gómez Hurtado. En el artículo primero de nuestra carta política se consagra como valor cardinal el ser una república unitaria, que a su vez funciona bajo un esquema descentralizado en la cual sus regiones gozan de una autonomía política, fiscal y administrativa. La descentralización de competencias tiene como finalidad un reparto más equitativo y centrífugo de los recursos provenientes de la tributación, como también del manejo correspondiente de cada municipio y gobernación sobre su erario.
Hasta ahora lo mencionado solo propende por beneficiar, en términos políticos y económicos, a un territorio como el nuestro, considerando que desde una perspectiva histórica el Estado ha tenido una presencia diferencial en diversas zonas del territorio, tanto así, que el exvicepresidente Gustavo Bell sostuvo que Colombia “tiene más geografía que Estado”.
Ahora bien, el papel que ha jugado la descentralización en la nueva política colombiana nos muestra un resultado más de patronazgos, clientelas y terratenientes que de institucionalidad y reparticiones justas en el juego político. Es triste ver cómo familias y clanes han cooptado el Estado de tal magnitud que escándalos en licitaciones, programas sociales y elecciones regionales, son habituales en los medios de comunicación; es más, los medios que registran estas noticias son la mayoría de veces prensa y noticieros nacionales, dado que en las regiones rara vez un periodista consigue los medios y la seguridad para poder llevar a cabo una investigación sobre prácticas corruptas, puertas giratorias y abusos de poder.
Lo escrito en el papel de 1991 causó en diversas zonas del país más que una descentralización, que en teoría suponía valores redistributivos, una absurda concentración de poder político, puestos burocráticos, manejo de recursos y competencias para asignar millonarias licitaciones a contratistas corruptos, que han creado una nueva tendencia para la degeneración de la política colombiana como lo es la regionalización de la corrupción.
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