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En Nicaragua rige una de las mayores cleptocracias del mundo. Una familia de ladrones enloquecidos se ha hecho con el control de todo, burlándose de todos los nicaragüenses y de cualquier atisbo de libertad. La corrupción del clan Ortega, blindada por una de las mayores olas represivas de la historia nicaragüense, solo es comparable a la del clan Kim en Corea del Norte. Ocho de los nueve hijos de la dictatorial pareja Ortega-Murillo están en nómina del Gobierno. Da igual que sean tenores de poca monta o modelos de centro comercial, todos tienen un cargo público que permite al clan controlar el negocio de la distribución del petróleo, los canales de televisión y los contratos de publicidad con los que el régimen alimenta sus tentáculos. Solo se salva la mayor de los nueve hermanos, Zoilamérica, quien en 1998 denunció a su padrastro por abuso sexual y se exilió en 2013 en Costa Rica para escapar de la persecución de su madre.
Tres lustros de poder ininterrumpido de Daniel Ortega dan para que, entre él y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, el clan controle con mano de hierro cada resorte en el pequeño país centroamericano. Solo así se explica la represión que costó la vida a más de 320 personas y que ha dado con el destierro de casi un centenar de disidentes a los que ahora se ha despojado de todo.
Para hacerse una idea de la deriva del clan Ortega-Murillo basta con mencionar que habitan en la mansión que el sandinismo expropió al banquero y ex vicepresidente Jaime Morales Carazo. Allí, en El Carmen, el nuevo clan Somoza ha ampliado una fortaleza que custodian día y noche francotiradores. La rapiña continúa ahora con la apropiación de las viviendas de las opositoras Sofía Montenegro y Azahalia Solís, que forman parte de los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad y declarados prófugos de la justicia tras ser acusados por el Ministerio Público de “traición a la patria”. La periodista Montenegro y la abogada Solís son integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Con esta purga, van 317 represaliados en un solo mes, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser un desterrado del Gobierno del sátrapa Ortega a territorio estadounidense.
A ellos se suman los 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.
Como escarmiento, la cleptocracia ha decretado “la inmovilización y el decomiso de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
Hasta ahora, ni la Policía de Nicaragua ni la Intendencia de la Propiedad ni la Procuraduría General de la República han ofrecido detalles sobre el decomiso de los bienes inmuebles de los 94 despojados de la nacionalidad nicaragüense, aunque podemos sospechar quiénes serán los beneficiarios del saqueo: si los bienes son jugosos, serán para el propio clan Ortega-Murillo y si son normalitos se los repartirán sus sicarios como botín.
Va siendo hora de poner fin al silencio cómplice de algunos gobiernos iberoamericanos, como el del mexicano López Obrador, respecto a lo que ocurre en Nicaragua. Es de celebrar que Petro se encuentra entre los líderes de izquierda que han condenado la represión sandinista. Que cunda el ejemplo hasta aislar a ese régimen paria
