El 26 de mayo, Costa Rica legalizó el matrimonio igualitario. En un momento en el que tantas democracias viven asaltos conservadores, el logro de Costa Rica parece excepcional.
Lo que ocurrió en Costa Rica es el tipo de victoria de los derechos civiles que se puede esperar cuando un país adopta un modelo de gobierno que fusiona la inclusión social con instituciones liberales y rechaza el populismo en favor del Estado de derecho.
El matrimonio igualitario se ha convertido en un estándar en muchas democracias ricas, pero sigue siendo poco común en casi todo el mundo. Hay una razón para ello.
La oposición al matrimonio igualitario tiende a ser extensa y virulenta, al menos al inicio. Costa Rica no fue la excepción. Una encuesta de 2014 reveló que solo el 28,2 por ciento de la población aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los socialdemócratas del país se sentían incómodos con este conservadurismo.
Costa Rica posee una tradición de hacer uso de las instituciones del Estado para atender la salud, la educación y los derechos laborales de los pobres. Los activistas se unieron para exigir que estas instituciones se actualizaran para también proteger a las estigmatizadas minorías sexuales.
El problema era cómo lograr un cambio efectivo ante una oposición generalizada. En 2016, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís tomó la decisión de consultar de manera oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre cuatro aspectos que se podrían resumir en dos grandes temas: si Costa Rica estaba obligada o no a ofrecer los derechos de propiedad y patrimoniales a las personas LGBT y si debía permitir o no a las personas trans cambiar su identidad de género en los documentos nacionales.
La Corte IDH no solo respondió que sí, sino que fue más allá al argumentar que los Estados debían ofrecer todos los derechos, inclusive derechos matrimoniales.
Fue en ese momento cuando el modelo de inclusión social con respeto a la ley de Costa Rica se puso en marcha. El presidente Solís, que al menos de manera pública no había sido un asiduo defensor del matrimonio igualitario, aceptó la recomendación de la Corte IDH. En una decisión que fue posteriormente ratificada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Solís argumentó que el país tenía que cumplir. De esta forma, se dispuso que el matrimonio igualitario entrara en vigor el 26 de mayo de 2020.
El modelo vigente en Costa Rica es el del presidente José Figueres, que fusiona la inclusión con los derechos y las leyes liberales, consagrado en la constitución costarricense de 1949. Fue un rechazo a dos modelos que se volverían populares en Latinoamérica posteriormente. Uno es la inclusión social por imposición del Estado –aun si eso representa violar derechos básicos–, un modelo que se volvió famoso gracias a Fidel Castro en Cuba y más recientemente a Hugo Chávez en Venezuela. El otro es dar prioridad a los derechos empresariales –aun si eso representa obviar la inclusión social–, un modelo al que dieron fama las juntas militares de las dictaduras sudamericanas de la década de los setenta y, en fechas recientes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El modelo Figueres ha transformado a Costa Rica en una de las democracias más prósperas de Latinoamérica en la actualidad. Así mismo, ha convertido al país centroamericano en un campeón mundial de los derechos LGBT.
La mayoría de los países en el continente americano, incluyendo a Estados Unidos, se han valido de los tribunales, en vez de los votos de la mayoría, para promulgar el matrimonio igualitario. Esto es entendible pero problemático porque los fallos se perciben carentes del apoyo de la mayoría de la población. Costa Rica empleó este enfoque, pero con importantes cambios.
Puede parecer un milagro que un pequeño país conservador haya adoptado el matrimonio igualitario en medio de una pandemia. Sin embargo, este no fue un milagro, sino un proceso democrático en acción. Cuando a un modelo de democracia que da prioridad a la inclusión social por ley se le permite seguir su curso y es reafirmado por las mayorías, las minorías ganan