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En Colombia rige un modelo económico. Es algo que tiende a darse por sentado, cuya existencia se sobrentiende. Sus rasgos centrales no suelen hacer parte de aquellos elementos del ordenamiento institucional cuya continuidad depende del resultado de cada elección presidencial. Sin necesidad de hacerse explícito, el modelo se ha ido incorporando al contrato social colombiano. Los cognoscenti están familiarizados con sus detalles y saben cómo funciona. Para otros, basta con intuirlo. Para la gran mayoría, es algo que se considera parte de la normalidad cotidiana.
Esta situación, que no es compartida por todas las naciones latinoamericanas, se explica por varias razones. El modelo no es el resultado súbito de un Big Bang ni de un evento revolucionario. Se ha ido conformando gradualmente durante décadas, sin estridencia ni dogmatismo ideológico, a través de un proceso de ensayo y error. Juan Luis Londoño describía la característica esencial del modelo como ‘Lo que funcione’. Si bien el modelo ha sido diseñado e implementado por la tecnocracia económica, su puesta en vigencia legal ha sido el resultado de debates parlamentarios y de la respectiva aprobación presidencial. Esto es algo que le imprime al modelo legitimidad democrática: de origen y de funcionamiento. Legitimidad que condujo a que las FARC aceptaran que el modelo económico no era tema negociable.
Esto diferencia el modelo colombiano del de naciones en las cuales las reformas económicas se impusieron bajo regímenes dictatoriales. Es una diferencia que conviene tener presente al hacer comparaciones superficiales con las manifestaciones de inconformidad en otros países de la región.
Ahora bien, la aceptación generalizada no lleva implícita la unanimidad. Hay movimientos políticos que cambiarían el modelo en caso de llegar al poder. Es normal que eso suceda en un sistema democrático.
Lo que resulta poco usual es que desde el establecimiento se ponga en tela de juicio la validez del modelo, que sin ser perfecto, le ha servido bien al país. Indicios de este comportamiento son la declaración de la ministra de Trabajo de su permanente oposición a los técnicos y la declaración presidencial de que las reformas neoliberales de los noventa han fracasado.
Respecto a la primera declaración, no es claro con qué criterio se pondrían en ejecución las políticas públicas, sin la intervención de los expertos. Respecto a la segunda, la vigencia de las reformas económicas de los noventa es lo que estimula el flujo de inversión extranjera que celebra el gobierno.
Es de esperar que las afirmaciones mencionadas hayan sido hechas a la ligera, sin tener en cuenta sus implicaciones. Y que ellas no reflejen el verdadero pensamiento gubernamental. Una cosa es sugerir ajustes o refinamientos marginales al modelo. Otra, bien diferente, es cuestionar los componentes fundamentales del mismo. Si se considera que las reformas económicas han fracasado, correspondería suprimirlas. Dar a entender desde el alto gobierno, que por haber fracasado, los pilares centrales del modelo son prescindibles, es un ejemplo de lo que se denominaba en Francia ‘Trabajar para el Rey de Prusia’.
