Por Daniel González Monery
Universidad del Atlántico
Facultad Ciencias Sociales 8o. semestre
moneri11@hotmail.com
El debate público en Colombia estuvo secuestrado por un conflicto armado que se prolongó más de 60 años, y la discusión política rara vez superó la urgencia de la subversión guerrillera. Pero ahora, en gran medida gracias al acuerdo de paz que desarmó a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el país puede por fin debatir temas relevantes para cualquier democracia: el acceso a la salud, el empleo, la educación y la seguridad. Pero el caso de Dilan Cruz, revela la poca disposición del gobierno para que eso suceda. Su muerte resume la relación injusta que este país ha perpetuado durante décadas: un Estado débil que responde con violencia a las demandas de sus ciudadanos inconformes.
La noche del jueves 21 de noviembre, con ruido de cacerolas, cerró el paro nacional que había sido convocado por centrales obreras, secundado por movimientos estudiantiles, partidos de oposición y ciudadanos comunes. El golpe metálico se repitió en varias ciudades y continuó los días siguientes, como una forma de reclamo inédita en este país poco dado a la protesta. El descontento de los colombianos se ha sumado al de otros países en la región -como Chile, Ecuador, Bolivia-, y cuestiona al gobierno de Iván Duque, un presidente impopular que lleva solo quince meses en el cargo.
Este paro nacional es el más grande de la última década en Colombia. Una manifestación similar ocurrió en febrero de 2008, convocada para repudiar a las Farc. En diez años, el país pasó de condenar los secuestros y la extorsión de ese grupo, a admitir su participación pacífica en las movilizaciones. La semana pasada en Medellín, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de la guerrilla desmovilizada, marchó como un civil más para apoyar los reclamos de la ciudadanía.
Aunque esta ha sido una nación reacia a las movilizaciones, sobran razones para protestar. Colombia está entre los países más desiguales de esta región. La escasez de oportunidades condena a millones de colombianos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hacen falta once generaciones para que un niño nacido en la pobreza alcance el ingreso medio. Esta falta de oportunidades impulsó la violencia, alimentó la guerra, causó grandes desplazamientos internos y estimuló la migración. Los jóvenes, sobre todo, saben que pueden reclamar, y han salido a las calles para exigir una agenda social que, en buena medida, nos ha faltado en 200 años.
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