Por Francisco Cortés Rodas
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El Dane reveló la semana pasada que la incidencia de la pobreza en el país en 2020 llegó a 42,5 %, es decir 21.021.564 personas. En Medellín pasó de 24,4 % en 2019 a 32,9 % en 2020 y en Riohacha la cifra es 57,1 %. Este aumento se debe en gran medida a la pandemia, aunque obedece también a factores estructurales, que no han sido enfrentados por este gobierno y los anteriores. Según el informe, 7.420.265 personas (15,1 % de la población) no ganan lo suficiente para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir, —la magra canasta básica de $145.004 por persona al mes—
Es una situación insoportable para los más pobres. También lo es para los estudiantes que no han podido continuar sus carreras porque no pueden pagar los semestres o no tienen accesibilidad a internet, para los campesinos que no pueden comprar tierras debido a la alta concentración de tenencia de la tierra en pocos agentes sociales, para los adultos mayores sin pensión ni trabajo, para las poblaciones indígenas y negras en Cauca, Chocó, Nariño, azotadas por la violencia feroz del Eln, las disidencias de las Farc y el narcotráfico. A esto hay que añadir la corrupción y las fallas administrativas del Estado que alcanzan montos anuales superiores al 7 % del PIB.
En la base de todo esto está un Estado que no llega a las regiones y que sostiene un sistema de protección social precario que impide la adecuada garantía de los derechos sociales como salud, educación y pensiones.
Estas situaciones de precariedad fueron las que motivaron el paro nacional que se inició el 28 de abril y que ha continuado mediante grandes marchas pacíficas y hechos de violencia. Sin embargo, lo que disparó la movilización social masiva, a pesar de los riesgos del contagio, fue la propuesta del gobierno de una reforma tributaria. Esto desencadenó la furia, pues se ha acumulado una cantidad de resentimiento, descontento, injusticias sufridas por mucho tiempo, y ya para los ciudadanos no tiene más valor el discurso hegemónico que se sostiene en la idea de salvar las instituciones y el Estado de derecho. Y salvarlas a tiros, como dijo Uribe en un tuit que con razón le cancelaron por incitación a la violencia.
Para los grandes medios, Semana, El Tiempo, RCN y la élite política y económica, lo que dice Uribe no es incitación a la violencia, es justificación del uso necesario de la fuerza del Estado ante una crisis. Ellos ven la violencia solamente en los actos de destrucción que se han dado durante el paro, pero a la vez se encargan de invisibilizar las manifestaciones pacíficas mayoritarias y sus justos reclamos. Al centrar su mirada en el fuego y en la sangre, ocultan la violencia de un sistema absolutamente inequitativo de distribución de la riqueza, que tiene hoy más de 21 millones de pobres y más de 7 millones que no tienen para comprar los alimentos mínimos. De esta manera, hacen creer a la sociedad que las marchas son violentas y vandálicas
