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Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 15 de octubre de 2019

El Poder Ejecutivo versus la Corte Suprema

Se hace justicia al principio de soberanía del pueblo diciendo que el pueblo es el titular del poder constituyente. Esto nunca quiso decir que tenga que ser el pueblo el que gobierne de forma inmediata, como proponen los populistas de izquierda y derecha. En el ejercicio de este poder constituyente el poder de gobernar puede luego transferirse a un monarca o a una asamblea, escribió Hobbes. Esta transferencia no cancela la voluntad del poder constituyente, mientras esta decisión se mantenga jurídicamente como algo revocable.

El poder constituyente del pueblo se concreta, de un lado, creando una Constitución y definiendo cómo mantenerla, modificarla o derogarla; de otro lado, instituyendo las bases de la ordenación política, a través de definir que el ejercicio de la soberanía popular se realiza por medio de la democracia como forma de Estado y de gobierno. El constituyente conforma además los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La política del Legislativo se concreta en hacer la ley, la del Ejecutivo en seguir la ley o en aplicar las leyes a acciones o personas particulares, y la del Judicial en sentenciar lo que es de derecho en cada caso (Montesquieu).

Este tipo de legitimación entre los poderes excluye, por ejemplo, que el Poder Judicial no esté separado del Legislativo ni del Ejecutivo. “Si el Poder Judicial va unido al Poder Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador” (Montesquieu). La libertad quedaría suprimida también si el Ejecutivo busca intimidar al Poder Judicial para evitar así la investigación y el juzgamiento de sus aliados políticos. Los tribunales son por excelencia los instrumentos democráticos de la libertad; penetrar en su esfera de acción es atacar la esencia misma de una democracia constitucional.

Es grave la intromisión del Poder Ejecutivo, –presidente Duque, ministra del Interior–, en la esfera propia del Poder Judicial cuando, antes de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, se pronunciaron a su favor. El embajador Francisco Santos atacó a la Corte. Con estos actos desconocieron el principio de la legitimidad democrática y el respeto que el Poder Ejecutivo debe al Poder Judicial.

Es grave también, si llega a ser establecido por la Corte, que Uribe violó la reserva sumarial al hacer declaraciones públicas sobre el proceso en el cual es investigado. Y muy grave es lo que señala Francisco Gutiérrez (El Espectador 11-10-19) sobre cómo el proceso de investigación ha permitido ver que Uribe se mueve en un ambiente peligroso. Sus relaciones se han ido deslizando, desde hace mucho tiempo, del mundo de la política, la razón, los argumentos, al submundo de la criminalidad con personajes como su abogánster, mafiosos y paramilitares.

Esta tendencia a la ilegalidad se expresa de diferentes formas. La masa de partidarios de un líder de estas características puede crear fácilmente un ambiente en el cual la lealtad al que diga “el presidente” vence al Estado de derecho. ¡Cuidado, esto es la descivilización!.

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