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Es comprensible que se genere cierta molestia en las autoridades de Bello, e incluso en algunos de sus ciudadanos, cuando reaparecen los espectros de la delincuencia organizada en ese municipio y con ellos las notas de prensa. Pero, más allá de los quereres, hay una realidad inocultable de violencia y criminalidad capaces de poner bajo “toque de queda”, extraoficial, a barrios y comunas enteros.
Un pillaje dispuesto a segar vidas, en la confrontación por territorios que están en el mapa de sus rentas ilegales: extorsiones al comercio organizado, vacunas a los distribuidores de alimentos, cuotas por el parqueo y las ventas ambulantes en el espacio público, cobros en dinero o inmuebles a los constructores y toda la gama habitual de oferta de estupefacientes en las plazas de vicio (marihuana, bazuco, cocaína, pastillas y drogas sintéticas).
Ese es el poderoso músculo que mueve a bandas de vieja data, con un alto nivel de organización, que también son parte de las superestructuras de las mafias regionales, nacionales y transnacionales. En una nebulosa pero evidente hibridación con políticos asociados al paramilitarismo y la corrupción. Por eso, la crisis de Bello no es un asunto menor del orden público y la seguridad metropolitana.
Se trata, según las estadísticas de población, de la décima ciudad del país, y la segunda, después de Medellín, en el Valle de Aburrá y Antioquia. Pero es que Bello, siempre afectado por su densidad de habitantes y la precariedad del espacio público y la carencia de escenarios para el deporte y la cultura, lleva décadas de tener que convivir obligadamente, aun contra la voluntad de sus comunidades, con estructuras criminales enraizadas y lideradas, a la sombra, por algunos actores de la política y la empresa privada.
A la situación de Bello hay que prestarle atención en sí misma, pero muy en especial en el contexto de las dinámicas de criminalidad y violencia que se extienden por el área metropolitana y la región. Es conocido su influjo en los fenómenos ilegales que viajan sur-norte desde Cauca hasta los golfos de Urabá y Morrosquillo, e incluso por “corredores narcos” como los que hoy cruzan por Cúcuta y se adentran en Venezuela.
Los muertos en Bello, el confinamiento de los habitantes del amplio sector de Niquía y el futuro de sus jóvenes, deben ser asuntos de primer orden para la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional. Focos tan críticos de inseguridad e inestabilidad tienen que ser apagados con todos los recursos del Estado: los policiales y militares, pero sobre todo los que apunten al cuidado de los niños y jóvenes, en los que estará el asomo de un cambio para la sociedad bellanita.
