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En el libro La tiranía del mérito, el filósofo y catedrático de Harvard Michael Sandel hace una aclaración que aplica en la discusión sobre las tarifas de energía eléctrica. Dice que la sociedad tiende, hoy en día, a darle poderes al mercado que no tiene. En particular, el poder de hacer juicios morales.
Esto está en el centro del debate sobre la formación y el nivel de las tarifas de energía. La ministra de Minas ha dicho en varias oportunidades —de hecho, así se bautizó el pacto para discutir qué hacer con las recientes alzas de las tarifas— que deberíamos buscar un precio “justo”. Es decir, le asigna el concepto moral de justicia a los precios de la electricidad.
Y no es la primera vez que sucede. En muchas ocasiones hemos oído hablar de precios “justos”. Pero ahí hay un problema. Los precios, en estricto sentido, no son capaces de impartir justicia. Los precios son señales —además, relativas, no absolutas— del nivel al que se puede adquirir un bien o servicio. Sirven para que las personas y empresas asignen presupuestos, resuelvan su propia utilidad y revelen preferencias. No para que las transacciones entre unos y otros sean justas.
Esto en ningún momento quiere decir que no haya que hacer algo para aliviar a las familias más vulnerables y de menores ingresos de la mayor carga que les implica el aumento de las tarifas de energía en el país. Lo que quiere decir es que si se busca “justicia” no debería hacerse interviniendo el mercado y la formación de precios, pues esta no es la solución a ese problema.
Puede que la regulación sí requiera modificarse en ciertos aspectos de cómo se forman los precios, pero la razón no puede ser para que estos sean más “justos”. Las reformas deben venir soportadas en otros argumentos: en profundizar la competencia, que la formación del precio sea mas eficiente —con las transacciones del mercado intradiario de energía, o apurando la ejecución de proyectos de transmisión para reducir las restricciones, por ejemplo—, o en mecanismos para reducir mas rápidamente las pérdidas en las redes, solamente para mencionar algunos.
Si lo que se quiere es justicia, se necesita un sistema de distribución de riqueza mucho mejor que el que tenemos hoy. Esto se lograría diseñando y enfocando mejor el tema tributario y de subsidios. Ahí se debe dar el debate sobre la justicia en la distribución de la riqueza. La intervención del mercado es apenas una transferencia de rentas entre un agente (los prestadores del servicio y sus accionistas) y otro (los consumidores). Esto puede parecer políticamente deseable, pero no se puede describir como “justo” en un mercado que forma los precios de manera razonable, bien sea por competencia o por regulación.
Intervenir el mercado se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. No vaya a ser que terminemos impidiendo que los prestadores del servicio remuneren sus costos de operación e inversión de manera adecuada, afectando un servicio de energía que tantos años ha costado mejorar.
* El autor es miembro de la junta directiva de Celsia S. A. Esta columna es su exclusiva opinión personal y no refleja las opiniones de esa compañía
