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Elbacé Restrepo
Columnista

Elbacé Restrepo

Publicado el 30 de enero de 2022

EL QUE PAGA POR PECAR...

No he podido entender eso del “permiso especial de circulación” que permitirá evadir la medida de pico y placa previo pago de un valor determinado, cuyo plan piloto empezará a regir próximamente en Medellín.

Lo dije mal: Sí lo entiendo. Lo que no entiendo es la contradicción entre el objetivo de la medida restrictiva y el mensaje tan desafortunado que se manda desde la alcaldía con esta ideota que permite pagar por pecar.

Que sepamos, el pico y placa tiene dos objetivos: Reducir la congestión vehicular en las calles y rebajar niveles de contaminación del aire. Los dos son muy válidos y, se supone, buscan el beneficio de todos los ciudadanos. ¿Pero a dónde van a dar las buena intenciones si se permite hacerle el quite a la responsabilidad, que también es de todos, a cambio de plata?

Poner el dinero por encima del bien común no es tan costoso. Si se trata de un carro, le cuesta $ 38.250 por día. Si es una moto, apenas $ 8.384. ¡Baratísimo, comparado con las multas por la misma infracción!

En principio es una medida excluyente que beneficia solo a los que pueden pagar. Porque habrá quién no pueda hacerlo ni siquiera cuando en virtud de una emergencia necesite usar su carro. Y habrá otros, en cambio, que no dudarán en pagar por los días en los que su carro no puede circular. Entre otras, porque salir en taxi a hacer una vuelta y regresar puede costar incluso más que el dichoso pago.

Un dicho tan nuestro como “todos en la cama o todos en el suelo” no es más que un resumen del artículo 13 de la Constitución: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”. Pero, en casos como este, es apenas una vieja etiqueta pegada en los bolsillos menos abultados.

Existen mil maneras de fomentar el egoísmo y de privilegiar el interés particular por encima del bien común. Esta es una de ellas: Hacer la ley, pero dejar una puerta ajustada para que puedan infringirla “legalmente” los que puedan y quieran.

El principio debería ser fortalecer el transporte público para desestimular el privado, mejorar las condiciones de movilidad y que todos podamos respirar un aire siquiera una partícula menos contaminado, que son los fines verdaderos del pico y placa. El recaudo, aparte de la contravención por desobediencia, no estaba contemplado en ninguna parte.

Esto se ha dicho mil veces, mil una con esta: siempre habrá una forma más fácil, aunque no más efectiva, de evadir las soluciones de largo aliento.

Cuando creemos que todo en la vida se arregla con plata ya vamos perdiendo. Pero cuando la invitación llega desde la propia administración municipal, se abre una brecha innecesaria. Y después nos quejamos de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Solo que a veces la trampa se oficializa y, como por arte de magia, deja de serlo. ¿O acaso el que paga no contamina ni hace taco? 

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