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La autonomía es un concepto orgánico. La independencia es un postulado personal. La autonomía judicial significa que no debe haber estructuras políticas, administrativas o de gobierno que de alguna manera incidan en el trabajo judicial. La autonomía se predica de las relaciones entre órganos, es claro que dentro del Estado de derecho los órganos judiciales necesariamente desarrollan acciones con las otras ramas y estructuras del poder; la autonomía busca garantizar que esas actuaciones se adelanten en un ambiente de respeto y tolerancia, que permitan que el juez tome sus decisiones con criterios netamente jurídicos, sin motivaciones diferentes a las propias del régimen probatorio del proceso.
La independencia judicial es un atributo de carácter personal, orientado a garantizar que el razonamiento jurídico del juez se adelante con fundamento en estricta interpretación normativa, sin que se afecte por influencias provenientes de instancias superiores o paralelas al interior o al exterior de la organización judicial. Se trata de un principio de garantía para que el ciudadano crea y confíe en las decisiones judiciales, sin que excluya la posibilidad de que instancias superiores de la justicia, como las altas Cortes, puedan, de conformidad con la Constitución y la ley, adoptar sentencias de unificación que constituyen precedentes judiciales de obligatorio cumplimiento para los jueces inferiores.
Este esquema de autonomía e independencia puede verse afectado por diferentes eventos, incluso estimulados por los propios órganos que tratan de defenderla como un logro fundamental de la justicia. Estos estímulos negativos son especialmente preocupantes, en tratándose de la autonomía, pues significa que órganos superiores del Estado, que no hacen parte de la rama judicial, asuman funciones propias de los jueces, con graves consecuencias para la subsistencia del Estado social de derecho.
Por ejemplo, preocupa la situación que actualmente vive la Corte Suprema de Justicia. Desde hace algunos meses se ha dilatado la elección de magistrados, necesaria para llenar las vacantes que se vienen presentando en la corporación, por cumplimiento de periodo o edad de retiro de magistrados que han tenido que salir. En la actualidad, el número de magistrados activos se ha reducido prácticamente al mínimo posible requerido para tomar importantes decisiones, algunas de las cuales, en las condiciones actuales, con graves consecuencias para la subsistencia misma del Estado social de derecho, deberán adoptarse por unanimidad, por el número limitado de magistrados activos. Más aún, existe el riesgo de que en el futuro dicho quorum se afecte aún más, en caso de cumplirse el periodo de algún magistrado, en cuyo caso no habría el número suficiente para tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, con la elección de Fiscal General.
Ante esta circunstancia, algunos consideran que se abre la posibilidad de que el presidente Duque, por un decreto de conmoción interior, ajuste el sistema de elección al interior de la Corte, que deberá regirse por lo que el Gobierno disponga, afectando de manera preocupante la autonomía orgánica de la Corte Suprema, con graves consecuencias para la independencia de sus decisiones.
* Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado.
