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El pasado domingo apareció en un conocido periódico capitalino una extensa entrevista “concedida” por la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, en la cual da un “parte de victoria” sobre la manera como ese despacho –en apariencia– enfrenta la crisis carcelaria por la irrupción del coronavirus; es esa la forma como la clase política costeña exhibe a una de sus candidatas a ocupar la silla de la Procuraduría, que dejará el futuro postulante a la presidencia Fernando Carrillo Flórez.
Allí, tras mostrar que de los 132 centros penitenciarios existentes solo seis registran contagios, la servidora hace afirmaciones como estas: “las medidas iniciales han funcionado, pues donde hay casos estos son pocos y están controlados”; es más, asevera: “es lógico que en un hacinamiento el contagio se propaga”. Incluso, añade una perla que honraría a Lombroso: “era natural que en algún momento los contagios ocurrieran y estamos preparándonos para casos que se repitan (sic) en otros establecimientos”.
Por supuesto, con esa lógica rizada según la cual todo “es natural” –hasta la masacre de la cárcel La Modelo del 21 de marzo–, pasan de agache funcionarios inútiles, ineptos e improvisados, que llegan a esos encumbrados cargos sin pisar una cárcel o estudiar derecho penal o penitenciario. Eso sí, mientras esto sucede, la ministra dice estar “mirando la operatividad de este primer decreto” (el 546 de 2020) para decidir (previo permiso del fiscal general) si se dictan medidas complementarias.
Desde luego, queda claro, a esos burócratas no les preocupa la real situación de los presos que ahora pelean por su vida; por eso, a título de mero ejemplo, nada dicen de lo que sucede en los Centros de Detención Transitoria como la Estación de Policía La Candelaria de Medellín. Allí, se vive una dramática situación humanitaria y un aberrante estado inconstitucional de cosas en atención que –a finales de marzo según verificó un juez de tutela– había 279 detenidos, para un nivel de sobrepoblación equivalente al 253 % de hacinamiento, en un espacio de 731,5 m2 a razón de 42 cm2 por recluso.
Sí, 42 centímetros cuadrados para que una persona duerma, se alimente, descanse y realice sus actividades vitales, al lado de seres con graves patologías (trastornos mentales, Sida, diabetes, tuberculosis, cáncer, enfermedades de la piel, etc.). Así, lo pone de presente el profesional del Derecho Francisco Javier Tamayo Patiño, en un lúcido memorial del 18 de mayo, mediante el cual coadyuva una impugnación a una sentencia de tutela expedida por un Juzgado Civil del Circuito de la ciudad, que no amparó los derechos de los privados de la libertad aunque –con una lógica maniquea– dijo hacerlo.
Por eso, ese dignísimo abogado –quien solo pide el cierre de ese reclusorio– afirma: “Existe hoy en la Ciudad de Medellín, en un lugar central de la misma, un espacio de infamia, de reducción de lo humano al extremo, de trato cruel, inhumano y degradante, de olvido y agravio, que en lo que realmente comporta para los que están allí resulta ser una realidad inenarrable e indescriptible, vergonzosa y vergonzante que a cuyo acontecimiento un Juez constitucional no puede pasar de agache o con ligera y sutil ignorancia”.
Así las cosas, mientras el sistema penitenciario se derrumba más y los contagios por covid-19 se multiplican como espuma, en medio de la indolencia, la corrupción y la burocracia, la citada dama lava su imagen e impulsa su candidatura a dirigir el susodicho ente de control. Ello se hace mediante apariciones que la exhiben entre algodones y con el dedo índice derecho muy erguido, como para develar –a través de ese lenguaje no verbal utilizado– una autoridad supuesta, o hacerle creer al país todo que ella imparte instrucciones y da órdenes concluyentes así nadie las cumpla.
En fin, para recordar el libro del pedagogo canadiense Laurence J. Peter, todo indica que los oficinistas de nuestra comarca ya alcanzan el más elevado nivel de incompetencia .
