Por Felipe Vélez Roa
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EPM es un ejemplo como empresa de servicios públicos. Cada cuatro años los candidatos a la alcaldía sostienen que EPM ha sido y seguirá siendo pública, pero, más allá del arraigo de esta afirmación, creo que tenemos que preguntarnos lo que ella significa.
Cabe destacar que esta administración desconoció el acuerdo de gobierno corporativo con EPM, lo que motivó una baja en su calificación crediticia. En pocas palabras, el acuerdo se cumple si el alcalde tiene la voluntad de respetarlo al no inmiscuirse en la administración de nuestra querida empresa. Recordemos la renuncia en pleno de la junta directiva, el cambio de gerentes entre ellos el fugaz nombramiento de su pariente político, la incompatibilidad del gerente actual por ser miembro de junta, así como la presión para nombrar cargos directivos, como sucedió recientemente con la gerente de Afinia.
La alcaldía se ha vuelto EPM-dependiente, no busca recursos por medio de los demás entes descentralizados y los millonarios ingresos provenientes de la empresa de servicios públicos hacen que gaste a manos llenas, sin foco ni prioridad en la inversión y además agobiada por una mala administración. El poco control que tenemos sobre EPM es un cheque en blanco. Debemos permitirnos que sea verdaderamente pública y no que esté a merced del mandatario de turno, la democratización podría ser la solución para salvarla y permitir que siga siendo pieza clave en la disminución de las brechas sociales de los antioqueños.
Francamente creo que es hora de abrir el debate sin ligerezas. Hace algunos años, primero ISA y después Ecopetrol, que hoy son las joyas de la corona del gobierno nacional, empezaron sendos procesos de democratización, que han sido claves para su crecimiento sostenido. Si democratizamos a EPM y los ciudadanos, al final sus dueños, podemos acceder a un pequeño porcentaje del 5 % o 10 % de sus acciones, se conseguirían, además, recursos importantes que hoy necesita la empresa para la terminación de Hidroituango. Por otra parte, a consecuencia de un eventual ingreso al mercado de capitales, se obligaría a cumplir con acuerdos de gobierno corporativo y de accionistas que protegerían su independencia y profesionalismo, pero, sobre todo, lograríamos que no la vuelvan a poner en riesgo.
Pd.: La revocatoria es un proceso fallido por su estructura constitucional, pero más por su contenido político, que le da herramientas al alcalde Quintero para victimizarse y salir fortalecido. Creo que es mejor hacer un llamado a los organismos de control para que avancen con todas las denuncias de corrupción en contra de este gobierno y le caiga todo el peso de la ley
