Por Azucena Restrepo H. *
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En Proantioquia coincidimos con la propuesta del Gobernador: es el momento de Antioquia. Por eso, contribuimos al Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023 con recomendaciones generales y documentos estructurados con actores públicos, academia, entidades sociales y el sector empresarial; enfocadas en cuatro líneas: (I) paz, seguridad y convivencia; (II) desarrollo económico y competitividad; (III) educación y primera infancia; (IV) salud sostenible.
Consideramos que una paz sostenible exige el liderazgo de la Gobernación de Antioquia, articulada con el gobierno nacional. Para eso, proponemos trabajar en la hoja de ruta de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– para el Bajo Cauca y Urabá, priorizando la construcción de un Plan Integral de Intervención en el Bajo Cauca, que considere la crítica situación del territorio. Sugerimos una Política Pública y un Sistema de Información de Seguridad y Convivencia que articule los organismos de seguridad y justicia del Departamento entre ellos, y con Medellín; y un Observatorio para los derechos humanos y de las víctimas.
Para el desarrollo territorial sostenible, recomendamos consolidar los modelos asociativos, como el de los 11 municipios del Suroeste que conforman la Provincia Cartama, y promover una agenda de incidencia con el Gobierno y Planeación Nacional, en el marco de la Nueva Misión de Descentralización. Además, es necesario consolidar un banco de proyectos productivos que consideren las vocaciones subregionales, que logren recursos de regalías y la participación de los sectores público y privado, como el proyecto Agroparque Biosuroeste. También se debe avanzar en el ordenamiento territorial con normas POT – PBOT – EOT, con asesoría, inversión o crédito flexible del Idea. Igualmente se requiere un plan maestro de redes viales secundarias y terciarias para conectar los municipios y sus veredas a la nueva red vial de las autopistas de cuarta generación. Así mismo es de gran importancia generar condiciones de “última milla” para conectarse a los proyectos nacionales de Fibra Óptica y de Conectividad de Alta Velocidad, claves para la adopción de las TIC en el Departamento. Pero entre todos, la mayor prioridad es el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (legalización de tierras) y la actualización predial, articulado con el proyecto nacional de Catastro Multipropósito.
En la línea de Educación, es urgente renovar y actualizar la infraestructura física y digital, garantizando ambientes de aprendizaje conectados y dotados con tecnologías que potencialicen la enseñanza; al igual que avanzar en el mejoramiento de la oferta técnica y tecnológica, fortaleciendo las alianzas con el Sena. Además, se requiere el acompañamiento psicosocial en las instituciones educativas para mejorar el clima escolar, la convivencia y la inclusión. Respecto a la atención integral en Primera Infancia, se debe aumentar la cobertura de Buen Comienzo, ya que los programas de atención infantil aún no llegan a 233.813 niñas y niños, casi el 44 % de la población de 0 a 4 años.
Para la Salud Sostenible recomendamos el fortalecimiento financiero e institucional de la EPS Savia Salud, a través de su capitalización; el cumplimiento del plan de reorganización empresarial; y la gestión ante el gobierno nacional por la Ley de Punto Final para honrar el pago de las deudas a los Hospitales. La articulación de las Empresas Sociales del Estado departamentales con el nivel municipal es necesaria para estructurar las rutas integrales de atención en salud que sirvan para apalancar la real implementación del Modelo de Acción Integral Territorial (Maite).
* Presidenta ejecutiva
