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Si el país decide optar por un cambio brusco, la probabilidad es alta de que en las elecciones presidenciales resulte favorecido el candidato de izquierda autoritaria. Así lo sugieren las encuestas de opinión recientes. Los movimientos políticos y los principales grupos económicos deben estar diseñando simulaciones acerca de sus relaciones con el nuevo gobierno en esa eventualidad. Sin la pretensión de hacer pronósticos, y evitando lo que Alberto Lleras Camargo denominaba la profecía trágica, las siguientes reflexiones tratan de imaginar las consecuencias del eventual triunfo del candidato del Pacto Histórico.
Una aproximación al tema es que esa perspectiva pondría a prueba la madurez política de la nación. Aun bajo las hipótesis más favorables, la elección de un gobierno de izquierda implicaría un viraje de magnitud en la trayectoria gubernamental colombiana. Así lo entienden propios y extraños. No se dispone de antecedentes recientes para una discontinuidad en la tradición política del país. En 1930 tuvo lugar la transición entre los gobiernos de Miguel Abadía Méndez y el de Enrique Olaya Herrera. Pero Olaya Herrera no era percibido como una amenaza para el ordenamiento institucional del país.
Así no hubiera sido algo inesperado, el triunfo electoral de la izquierda tendría implicaciones significativas para las empresas y para las franjas de la población de medianos y altos ingresos. La incertidumbre acerca de las elecciones ya se ha reflejado en la salida de capitales, la tasa de cambio y el indicador de riesgo del país. Los días posteriores al resultado electoral serían de alta volatilidad cambiaria. Esa coyuntura crearía las condiciones para una necesaria coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno en formación. A ninguno de los dos les convendría que la transición de un gobierno a otro tuviera lugar en condiciones de crisis financiera. Así pues, sería previsible que las medidas inmediatas para tranquilizar a los mercados se adoptaran de común acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante. Algo que ayudaría a corregir la sobrerreacción inicial sería el anuncio temprano de que el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público tendría la experiencia y las calificaciones profesionales que requiere ese cargo.
Más allá de superar las dificultades iniciales, queda el problema de cómo serían las relaciones de un gobierno de izquierda con los empresarios y con la parte de la sociedad civil que no comparte su ideología. En aras de la gobernabilidad y de la convivencia social, un presidente de izquierda necesitaría lograr un modus vivendi con el establecimiento.
Con flexibilidad y buena voluntad de ambas partes, debería ser posible para el gobierno entrante obtener la cooperación de los empresarios, el sector financiero, la tecnocracia y los medios de comunicación para impulsar iniciativas que promuevan el crecimiento económico y el bienestar social. Pero eso requeriría el compromiso del gobierno de que los cambios se van a implementar respetando los fundamentos de la democracia liberal
