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En Colombia, como en muchos países del mundo, aumenta día tras día la presión para relajar las restricciones drásticas de derechos que se han adoptado en la lucha contra la pandemia del covid-19. Los grupos de interés económico, industria, comercio y Pymes, señalan el daño que se les está haciendo a las empresas y al trabajo. Algunos sectores de opinión argumentan que el estado de excepción, que ha sido justificado como un instrumento generalizado para tomar medidas dirigidas a mitigar la pandemia, está poniendo en peligro las libertades.
Limitar los derechos fundamentales en aras de proteger y garantizar la vida y la salud de todos los colombianos no ha sido una decisión arbitraria del poder Ejecutivo, sino una decisión excepcional que tomó para mitigar la pandemia, aplanar la curva y garantizar que el sistema de atención médica pueda responder adecuadamente con los recursos disponibles. Hay serios problemas, pues los decretos ordinarios con los que se tomaron las medidas de aislamiento no cuentan hasta ahora con un mecanismo de control constitucional. Pero es una exageración decir que el uso del estado de excepción como instrumento de gestión de la pandemia convierte a Duque en soberano autoritario.
En un Estado constitucional el acto de equilibrio entre dos o más derechos, como la vida y la salud frente a la libertad, debe estar precedido por un control de proporcionalidad, que lo debe hacer la Corte Constitucional. “La idea principal del principio de proporcionalidad es que el Estado no debe restringir los derechos fundamentales de manera arbitraria y no más de lo absolutamente necesario para preservar su esencia respectiva” (Günther-Klaus, Die Zeit, 07.05.20).
La pandemia del covid-19 nos ha puesto en la situación de tener que equilibrar el derecho a garantizar la vida y la salud con el derecho a la libertad. La libertad es siempre la libertad de todos: es aquello que los individuos tienen el derecho de hacer y en lo cual ni la sociedad ni el Estado pueden intervenir. “Así, si tomo la libertad individual de violar las restricciones de contacto social y posiblemente propague el virus, restrinjo la libertad de otras personas. Es por eso que tenemos las regulaciones del covid-19: para que haya espacios iguales de libertad para todos” (Gosepath-Stefan, Die Zeit, 06.05.20).
Aunque el conocimiento sobre el covid-19 y sobre las medidas restrictivas tiene una importante incertidumbre de pronóstico y no puede basarse en la experiencia y el conocimiento comparativo, es importante tener en cuenta sus efectos letales. Hasta el 9 de mayo habían muerto en todo el mundo 274.910 personas y había 3.983.225 casos de contagio; en Colombia había 428 muertos y 10.051 contagiados. El objetivo de las reglas que se han tomado, recurriendo al estado de excepción, es contener la pandemia, aplanar la curva y proteger el sistema de salud de la sobrecarga. Por este objetivo más amplio puede valer la pena restringir temporalmente los derechos fundamentales. Si esto se logra será posible recuperar nuestras libertades civiles y políticas.
