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Lo de los falsos positivos no fue cosa de un ratico; no es un cuento de manzanas podridas; y tampoco es una historia de buenos y malos.
El escándalo de los falsos positivos es la manifestación de la punta del iceberg. Es un problema que tiene como hechos notorios (corroborados judicialmente) la matazón de miles de víctimas a manos de miembros del Ejército Nacional, y que tiene como base el compromiso institucional del Ejercito y del Ministerio de Defensa, que no se quiere aceptar.
Los homicidas deben responder; pero no son los únicos responsables. Si la intención es verdaderamente enfrentar la práctica, las responsabilidades deben explorarse de manera más amplia y profunda. En la medida en que la responsabilidad organizacional se ignore, los falsos positivos nunca serán cosa del pasado.
La práctica se sustenta en el encubrimiento fraudulento de cada una de las muertes, con el fin de que estos hechos ilegales pudieran ser incorporados como resultados operacionales del Ejército. Además de las personas que apretaron el gatillo y estuvieron presentes en la pavorosa escena de la muerte, cada uno de esos homicidios demandó la contribución esencial de una larga cadena de obedientes inventores, escribanos, firmones, ordenadores, consejeros, corregidores y publicistas (algunos militares y otros no) para producir y oficializar documentos interminables que camuflan y sancionan la muerte, contar muertos y reclamar el éxito bélico, y proclamar la victoria del esfuerzo contrainsurgente.
La negación (continuada) que busca evadir la responsabilidad oficial no hace cosa distinta que profundizarla. En la medida en que no se encare la dimensión organizacional que la facilitó la práctica –incluyendo el estimulo activo, el encumbramiento, la connivencia y la conformidad con la matazón – el Estado y sus organizaciones siguen teñidas por la muerte.
La expansión de la práctica se sustentó en los réditos que esas bajas trajeron para las unidades de guerreros y sus comandantes, quienes recibieron reconocimientos por su efectividad –medida por el marcador mortal. Ese indicador estructuró buena parte de la expansión de la práctica: se tradujo en cuotas que debían ser satisfechas por las unidades tácticas, y se constituyó en el factor determinante para otorgar reconocimientos y méritos a soldados, suboficiales y oficiales. En últimas, la gloria que reclaman el Ejército y los superiores civiles del momento se sustenta, en parte, en esos hechos atroces.
La repetición de estos eventos, su imitación, su aprendizaje, su promoción, su difusión y su implantación solo pueden explicarse por factores colectivos u organizacionales. La dimensión colectiva se configura como un factor de impulso de la comisión de las violaciones, ya sea como resultado de una dinámica coercitiva o de una dinámica de facilitación de las conductas. De hecho, la organización es un elemento sine qua non del patrón: sin la lógica organizacional, muchas (si no todas) de las muertes conocidas como falsos positivos no se hubieran cometido.
En este orden de ideas, los actos pierden su cualidad estrictamente individual. El Ejército, como organización formal y compleja, hizo parte del proceso de transgresión a la ley; se benefició colectivamente de los resultados conseguidos ilegalmente; de hecho, se sigue beneficiando de la reputación de milicia exitosa. Justamente, por esta implicación es que el Ejército se defiende activamente como cuerpo de este tenebroso pasado, llegando a la absurda situación de volver a acoger la negación literal de lo acontecido como estrategia de defensa. ¡Aquí no pasó nada!.
