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Jorge Giraldo Ramírez
Columnista

Jorge Giraldo Ramírez

Publicado el 15 de mayo de 2022

Garantías

Hace 72 años no se veía un ambiente preelectoral tan enrarecido y convulso que estuviera originado desde el interior de las instituciones públicas; en ese entonces, el Partido Liberal no participó en las elecciones presidenciales y quedó Laureano Gómez como único candidato. Otras elecciones irregulares fueron las de 1990, cuando fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales, pero la amenaza fue principalmente extrainstitucional, aunque está comprobado que el DAS participó en el homicidio del candidato del centro Luis Carlos Galán.

Como si le faltaran errores y horrores al gobierno de Iván Duque, la campaña electoral está profundamente enturbiada de cuenta suya. El gobierno, con el apoyo del Congreso, eliminó algunos artículos de la Ley de Garantías para permitir que los dineros de la contratación pública se usaran para financiar las campañas. La Corte Constitucional —como no podía ser de otro modo— declaró inexequible el esperpento, pero nada asegura que la plata será devuelta. A la autoridad electoral se le perdieron más de un millón de votos de las consultas durante una semana y sigue allí, incólume, en su puesto. El presidente decidió intervenir en la campaña y, como el mal ejemplo cunde, otros funcionarios decidieron lanzarse al ruedo haciendo lo propio. Entonces, en una decisión descabellada, la Procuraduría empezó a destituir alcaldes —el presidente es intocable y el comandante del Ejército, también—. La procuradora Cabello lo hizo a sabiendas de que existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto, y del retorcido antecedente de Alejandro Ordóñez contra el alcalde de Medellín Alonso Salazar. Se trata de un abuso de poder y de una torpeza.

A quince días de la primera vuelta presidencial y cinco semanas de la segunda, hay poco por hacer. Rezar, tal vez. Uno no sabe hasta dónde nos pueden llevar el sectarismo y la arbitrariedad gubernamentales.

Por lo tanto, las preocupaciones que quieren ser eficaces apuntan al próximo gobierno, que tiene mucha probabilidad de ser autoritario: o la continuidad de este o la ruptura. Casi un centenar de personas, principalmente exministros y académicos, más algunos empresarios y periodistas, firmamos esta semana una declaración que lleva por título “Acuerdos básicos para la convivencia nacional”. Aunque la circulación de estos borradores suele ser aleatoria, es bueno que aparecieran notables nombres antioqueños como los de los periodistas Ana Mercedes Gómez Martínez y Luis Alirio Calle o el del sacerdote Federico Carrasquilla.

El comunicado les pide a los candidatos presidenciales comprometerse con ocho puntos, la mitad de los cuales se refieren al cumplimiento de las normas que definen la transitoriedad del gobierno y la imparcialidad institucional; entre ellas, la norma no escrita de que los perdedores reconocen los resultados. La otra mitad plantea asuntos básicos de política estatal que deberían ayudar a recobrar condiciones estables para la convivencia nacional, hoy tan dañadas.

El texto completo, de dos páginas, puede consultarse en la internet con el título ya comentado; también puede leerse en mi blog: giraldoramirez.blogspot.com 

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