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Desde el 2018, el Consejo Directivo de Proantioquia aprobó la priorización del Bajo Cauca como un territorio estratégico para una intervención integral que convocara a todos los sectores de la sociedad. Esta subregión es una de las más complejas de todo el departamento, por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, debilidad institucional y condiciones de pobreza multidimensional. Así, esta situación ha despertado el interés de actores privados y entidades de cooperación internacional por implementar intervenciones conjuntas en la subregión, y sumar esfuerzos a las acciones que el Estado ya ha adelantado.
Lamentablemente, las condiciones actuales del Bajo Cauca atemorizan. En el último año, han tenido lugar diversas acciones violentas entre los grupos armados ilegales por el control de puntos estratégicos. Van 3 masacres en Caucasia, Cáceres y Tarazá. Pese a que el número de homicidios bajó respecto al 2018 con 399 y 2019 con 369 –alcanzando una violencia endémica de 144,66 homicidios por cada 100.000 habitantes-, en lo corrido del año van 166 homicidios. A esto se suma el número de hectáreas de cultivos ilícitos en la subregión que en 2019 ascendieron a 8.268 -lo cual representa el 87 % del total de Antioquia que alcanzó 9.482 ha-, y complejizan la generación de proyectos productivos y el desarrollo comunitario campesino. La Defensoría del Pueblo ha levantado ya 5 alertas tempranas sobre diversos riesgos que, desafortunadamente, se han concretado, atentando contra la ya difícil situación de derechos humanos que se vive en la subregión.
Queda entonces la pregunta de qué hacer al respecto. La respuesta cómoda de generar desarrollo sostenible en territorios no complejos no es el camino. La respuesta virtuosa es llegar a estos territorios con institucionalidad y una gobernanza colaborativa que permita atender todos los problemas públicos de seguridad, convivencia, justicia, pobreza multidimensional, déficit de infraestructura pública y baja capacidad institucional que hay en la subregión. Es hacerle frente a la violencia con institucionalidad en el territorio, cuyo potencial y riqueza es inigualable en el departamento.
Hacemos un llamado entonces a tomar medidas estratégicas cuanto antes. Es esencial ajustar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos, como atender con acciones concretas las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Además, entender que más pie de fuerza para la región no soluciona nada por sí solo, debe estar acompañado de estrategias de prevención de la violencia, medidas colectivas de protección para las comunidades amenazadas, y mayor articulación de las entidades del Estado.
Sumado a esto, debemos continuar con los esfuerzos de gobernanza colaborativa que se enmarcan en el Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad -CUEES-, acelerar la implementación de los proyectos PDET, el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el Catastro Multipropósito. Así mismo, continuar con los proyectos productivos en el marco de la cooperación internacional de USAID y las diversas acciones de instituciones claves como Comfama, la Universidad de Antioquia, el Sena, EPM y PNUD, así como las estrategias que surgen de los colectivos comunitarios cuyo conocimiento sobre el territorio es invaluable.
Como lo indicó Nicanor Restrepo Santamaría cuando ejerció como líder empresarial, a la violencia que brota en muchos territorios de nuestra región se le debe hacer frente con institucionalidad y gobernanza colaborativa que genere bienestar social mediante una política social y prosperidad económica incluyentes. Por el Bajo Cauca debemos actuar ahora.
* Desarrollo Territorial de Proantioquia
