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El presidente electo anunció tres miembros de comunidades indígenas para ocupar altos cargos en el gobierno que inicia el próximo 7 de agosto. Dos de ellos encabezarán áreas cruciales de la política de paz, la Oficina de Reparación a las Víctimas y la Agencia de Restitución de Tierras. El presidente confecciona su nómina de colaboradores como considere más conveniente y como le demande el rompecabezas de apoyos derivados de su campaña electoral, en la cual los indígenas lo avalaron.
Al lado de lo político, hay que destacar lo jurídico. Al juramentarse de sus cargos, lo harán sobre la Constitución y las leyes vigentes para todos los colombianos; al asumir sus responsabilidades, lo hacen frente a toda la ciudadanía, no solo ante sus comunidades o ante sus agrupaciones políticas. Y como tal, se sujetan al código disciplinario único que rige a todos los servidores públicos, bajo la normatividad común. Es muy importante tenerlo en cuenta, pues no podrán esgrimir luego, en caso de incurrir en responsabilidades, que ellos se acogen es a la jurisdicción indígena. Por otra parte, las competencias que ejercerán apuntan a que prevalezca el bien común, y no el de unos grupos sobre los otros o, peor, contra los otros. En restitución de tierras, todos los que hayan sido violenta e injustamente despojados deben ser restituidos, no solo los atacados por los paramilitares. Y, en el caso de la Unidad de Víctimas, deben ser todas las víctimas las que accedan a la reparación, sin que puedan quedar por fuera las víctimas de la guerrilla.
Confiados en que estos principios de igualdad ante la ley se cumplirán, con la política como herramienta de concordia y no como instrumento de ataque, se podrá avanzar en la paz
