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Publicado el 13 de marzo de 2019

(In)-competentes

Por Andrés Duque Gutiérrez

Universidad de Antioquia

Facultad de Derecho, 2° semestre andres.gutid@gmail.com

Las instituciones del Estado colombiano, las cuales se decantan por la excesiva normatividad prohibicionista, han despertado la apatía de cientos de ciudadanos que ya no confían en la legitimidad de los cuerpos normativos.

Basta con leer los comentarios que emanan de los candentes foros virtuales para evidenciar el alto nivel de odio y desconfianza hacia instituciones concretas del ordenamiento jurídico como la Policía Nacional.

“Tombos, violadores de derechos, incompetentes y cómplices del crimen”, son algunos de los calificativos utilizados por los ciudadanos para referirse a los integrantes de este organismo de control y vigilancia.

El nivel de rechazo hacia esta institución es tan alto que algunos usuarios aprovecharon el eco mediático del episodio de la empanada para denunciar en redes sociales actos similares en los que presuntamente la Policía, en ejercicio de sus atribuciones de control, imparte sanciones de manera arbitraria y selectiva, hace desalojos sin la respectiva autorización administrativa, agrede de manera indiscriminada a personas inocentes y excede el uso de la fuerza legítima que le confiere su competencia.

Son los mismos afectados quienes argumentan que este tipo de conductas aumentaron una vez entró en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía. Este dispositivo normativo, que dejó sin efecto el viejo Código de 1970, le otorga facultades especiales a los uniformados para preservar normas de convivencia.

Sin embargo, el alcance de este documento va más allá de imponer sanciones económicas a las personas que dejan la caca de sus mascotas en la vía pública o de multar a los vecinos ‘fafarachosos’ que les gusta que todo el barrio se entere de su despecho.

El Código, que en efecto termina regulando derechos fundamentales, requiere de una revisión estricta de la Corte Constitucional, la cual podría declarar muchos de sus artículos como inexequibles. El documento, que fue expedido bajo la Ley 1801 del 2016, está repleto de ambigüedades normativas que hacen que los Policías interpreten los textos a su antojo.

El solo hecho de conferirle al uniformado la facultad para limitar y transgredir derechos, obliga al organismo a revisar con lupa la discrecionalidad con la que está operando la Policía para determinar si el Código debió tramitarse vía Ley Estatutaria . n

*Taller de Opinión es un proyecto deEl Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opiniónjoven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidadese instituciones vinculadas con el proyecto.

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