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En reciente informe de la Banca de las Oportunidades se presentaron los positivos avances que ha tenido Colombia en inclusión financiera. En los últimos 10 años el país pasó de 55,5 % a 81,4 % de adultos con algún producto financiero. El informe también hace referencia al reto de incluir a 6,3 millones de adultos sin ningún tipo de servicio financiero, especialmente en la ruralidad, donde tenemos una gran brecha entre la ruralidad dispersa y los centros urbanos; 55,4 % en la primera frente a 88,7 % en los segundos. Igual sucede con los pobres: la inclusión financiera de las personas del primer quintil de ingresos es del 90,0 %, mientras que los del último quintil (los más pobres) es del 63,2 %.
La inclusión financiera es sinónimo de una sociedad más equitativa que se moderniza, que tiene cultura del ahorro, que reduce los costos para producir y hacer negocios, y así mismo de un sistema financiero sólido que es capaz de soportar los flujos para el funcionamiento económico incluso en épocas difíciles. Sin embargo, a pesar de los avances en inclusión, el Congreso de la República ha presentado un par de iniciativas que podrían “borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano” por todos los actores del sistema.
Una de ellas pretende modificar la manera como se reportan los hábitos de pago en las centrales de crédito, lo cual tendría como efecto inmediato el aumento de requisitos para el acceso a la financiación, afectando al 95 % de los colombianos que pagan bien sus obligaciones, muy destacados los más pobres. En Bolivia implementaron una iniciativa similar e inmediatamente los agentes financieros endurecieron las políticas de crédito y como efecto se incrementó sustancialmente el valor promedio del mismo. En otras palabras, se dejaron de hacer muchos créditos pequeños sufriendo los más pobres, obligados entonces a buscar fuentes informales o agiotistas.
Otra iniciativa en el Congreso busca eliminar los reportes negativos de obligaciones con un saldo menor a 10 salarios mínimos diarios legales ($276.000 a 2019), lo que podría motivar la cultura de no pago de dichos saldos. Otra vez, como consecuencia, se endurecerían las políticas de crédito con efectos siempre mayores para los más débiles. Y ¿cuál sería el impacto para las entidades financieras? Un microcrédito vigente puede tener un saldo promedio de 2,3 millones; fácil intuir que en caso de aprobarse tal iniciativa, no habría motivación para pagar el 10 % de ese crédito. Así, una cartera nacional de microcrédito de 15 billones podría perder de tajo el 10 %. Adicionalmente habría efectos en las demás carteras del sistema. Y como ya lo dijimos, el movimiento natural de los agentes es endurecer sus políticas, sufriendo las mayores consecuencias otra vez los más necesitados.
El presidente Duque en su intervención en la presentación del informe de inclusión financiera, manifestó su preocupación por los colombianos que están excluidos del sistema por deudas menores. Es una preocupación legítima, que es necesario apoyar sin dudas. Pero el mecanismo para lograrlo es la co-creación técnica con el sector y el gobierno, para buscar soluciones estructurales e innovadoras, en la que todos aportemos para que gane el país con una mayor inclusión financiera, preservando el principio fundamental de toda sociedad y sistema económico, libres: la CONFIANZA.
* Presidente Proantioquia
* Director Interactuar
