Por Valeria Méndez de Vigo
Tras cumplirse el 74 aniversario de su independencia el pasado 15 de agosto, India se enfrenta a una encrucijada: ¿primarán los valores constitucionales de secularidad, igualdad y justicia social o, por el contrario, continuará la deriva a la autocracia y la erosión de los derechos fundamentales?
Hoy son numerosas las voces que denuncian la erosión de la democracia y de los derechos humanos en el país, así como el camino autoritario del gobierno de Narendra Modi. Las pacíficas protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, calificada como discriminatoria hacia la minoría musulmana, o las más recientes de los agricultores por tres leyes que los dejaban a merced del capital, han resultado en miles de detenciones arbitrarias, en muchos casos, sin juicio ni cargos. Por el contrario, tal y como denuncian numerosos activistas, las autoridades no investigan a culpables de violencia contra las minorías musulmanas o contra los dalits (clase social considerada inferior) o adivasis (indígenas), fomentando un discurso ultranacionalista (“India para los hindúes”) y, en muchos casos, de incitación al odio.
A través de varias leyes, el gobierno de Modi sofoca cualquier tipo de disidencia contra sus políticas. Entre otras, la Ley de prevención de actividades ilícitas (UAPA por sus siglas en inglés). Modificada bajo su mandato e inicialmente pensada para combatir el terrorismo, hoy permite encarcelar por delitos de sedición a cualquiera que disienta públicamente de las políticas gubernamentales, dejarle sin juicio durante años y denegar su libertad bajo fianza. Miles de personas languidecen en las cárceles de la India en virtud de la utilización arbitraria de esta ley.
El pasado 5 de julio de 2021 falleció el padre Stan Swamy, S. J., en el Hospital de la Sagrada Familia de Bombay, bajo custodia judicial. Llevaba nueve meses en la prisión de Taloja de aquella ciudad, acusado falsamente de mantener vínculos con los extremistas maoístas (partido prohibido en la India) y de conspirar para derribar al gobierno. Fue uno de los dieciséis detenidos por el incidente Bhima Koregaon, en el que murió una persona tras un estallido de violencia en una reunión conmemorativa por los doscientos años de la batalla de Koregaon en 2018. En dicho evento participaron miles de dalits y las autoridades alegaron que la violencia fue motivada por activistas, entre ellos Swamy. Tras su detención, su libertad bajo fianza fue denegada repetidamente, sin tener en cuenta el creciente deterioro de su salud a consecuencia de su estancia en prisión. Familiares y amigos de los acusados de Bhima Koregoan han calificado la muerte de Swamy como “homicidio institucional”.
Pero lo que resulta gravísimo es que, según una investigación de la firma Arsenal Consulting, con sede en Estados Unidos, las pruebas clave utilizadas para incriminar a varios de los activistas y defensores de los derechos humanos, incluido el padre Stan Swamy, fueron colocadas deliberadamente en el ordenador portátil del activista Rona Wilson mediante malware. El Washington Post solicitó a tres expertos que verificaran la validez del informe de Arsenal, siendo confirmada su credibilidad.
Las movilizaciones exigiendo la reparación a Stan Swamy, la derogación de la Ley UAPA y la puesta en libertad de los detenidos continúan en la India. Ojalá que el legado de Stan Swamy fructifique en un movimiento en favor de mayor justicia, derechos humanos y democracia en la India
