Por Julián Mazo Zapata*
jmartinez@proantioquia.org.co
La informalidad laboral viene haciendo parte del debate nacional y se refuerza la urgencia de poner este problema en la agenda pública, dadas las condiciones sociales de los últimos meses en Colombia. De acuerdo con el Boletín Técnico del Dane sobre medición de empleo informal y seguridad social en el trimestre julio – septiembre 2020, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,1 %. La proporción de hombres ocupados fue de 46,7 %, con un aumento de 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2019 (43,6 %), y en el caso de las mujeres informales fue de 47,7 %, mientras que para el trimestre julio – septiembre 2019 se ubicó en 48,3 %.
La pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la informalidad. Tanto empleados como empresas se encuentran por fuera de los alivios y acciones previstas por el Gobierno para mitigar los efectos de la crisis en materia de empleo, productividad y salud, lo que refuerza su condición de precarización laboral y complejiza la ruta prevista de recuperación económica en la que se vienen integrando los esfuerzos de los sectores público y privado.
Po lo tanto, los esfuerzos por la recuperación económica deben priorizar la informalidad y los instrumentos previstos para su intervención. Se han venido adelantando esfuerzos en este sentido; el Gobierno Nacional a partir del Plan Nacional de Desarrollo y el decreto 1174 de 2020 reglamentó la creación de un Piso de Protección Social, a saber, la afiliación a salud subsidiada, la vinculación al programa del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el acceso a un seguro inclusivo para las personas que devengan menos de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Estas medidas requieren una discusión más amplia sobre sus efectos y los procesos diseñados para su aplicabilidad. Por ejemplo, aún no es claro cómo funcionaría para las microempresas, uno de los sectores de mayor participación en la informalidad.
En resumen, además de esta iniciativa, se requieren instrumentos de política más innovadores y realistas con la dinámica informal. En términos económicos, cualquier diseño institucional debe considerar, por ejemplo: ¿qué motiva a un microempresario informal mantenerse en esta condición pese a conocer los beneficios de las prestaciones sociales? ¿Cómo los mecanismos de protección social pueden ajustarse a la realidad de las microempresas informales para promover su gradual vinculación? ¿Qué estrategias pueden servir como mecanismo para que la protección social genere incentivos hacia la formalidad? ¿Cómo desarrollar instrumentos de política mucho más cercanos al contexto de las microempresas en Colombia? ¿Será necesaria una nueva categoría intermedia de formalización, así como una estrategia escalonada de la misma?
Debería explorarse la posibilidad de que el piso de protección social como mecanismo integre también una gradualidad mayor, capaz de leer la heterogeneidad de la categoría informal en función de los ingresos y el alcance de las contribuciones. Igualmente, es recomendable implementar un registro único nacional, que permita la gestión de la informalidad. Desde Proantioquia, en alianza con instituciones como Comfama, Interactuar y el Centro de Estudios de la Empresa Micro, estamos trabajando en estrategias alternativas que incentiven la formalización laboral y empresarial y, por esta vía, contribuir a un tejido empresarial más fuerte y con mejores herramientas para su crecimiento y productividad .
* Área de Desarrollo Económico y Social de Proantioquia.
