Por LUIS FERNANDO AGUDELO H.
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La informalidad se constituye en uno de los principales problemas nacionales y, en particular, de la realidad de Medellín, pero ¿qué es y por qué las políticas públicas están fallando para enfrentarla? Las informalidades provienen de intercambios con implicaciones económicas en las que los individuos u organizaciones actúan, en ocasiones por fuera de la ley, cometiendo delitos o contravenciones. Sin embargo, estas mismas actuaciones, ¿no deberían clasificarse con simplemente ilegalidad?
Tal como lo expresa el profesor Jorge Giraldo, una de las diferencias entre ilegalidad e informalidad, está asociada al nivel de criminalización de la actividad considerada informal, es decir, al grado de control y recursos que el Estado utiliza para perseguir y castigar estas conductas. El Estado no criminaliza de forma general actividades como vender comida en la calle, pero sí lo hace de forma más resuelta con la venta mayorista de droga, la primera actividad es informal y la segunda ilegal, aunque ambas significan transgresión de normas vigentes.
Sin embargo, ¿es el grado de coerción el único factor para entender y resolver la ilegalidad y la informalidad en una ciudad como Medellín? No. Las informalidades surgen de circunstancias variadas, en territorios específicos y exigen del Estado políticas diferenciadas. Es así como existe informalidad originada en la necesidad de sobrevivir, de personas que ocupan el espacio público para vender alimentos sin licencia e incumplen reglas de salubridad; ellos necesitan crédito, capacitación y acceso a programas sociales.
Está la informalidad originada en el no pago de seguridad social, la evasión de impuestos, la contaminación indiscriminada, la utilización de marcas ajenas o la ocupación del espacio público, no para sobrevivir, sino para aumentar ganancias a costa del erario y la salud pública. Esta realidad se debe enfrentar con controles, sellamientos, incautaciones y sanciones administrativas y penales.
También existe la informalidad que surge como fachada y mecanismo de lavado de dinero de las organizaciones criminales. Aquí la acción del Estado debe ser la persecución en todas las partes de la cadena, con inteligencia y sanciones para desarticular estructuras criminales y realizar extinción de dominio para financiar al Estado.
Por otra parte, la digitalización de la economía, que se profundizó en pandemia, y consolidación de plataformas digitales más concentradas que las tradicionales multinacionales, son una nueva fuente de informalidad. Actividades sin presencia física, por medio de dispositivos móviles y que se sirven de las mejoras de la conectividad, rompen las regulaciones nacionales y redefinen los derechos de los trabajadores y consumidores. Se requieren esfuerzos supranacionales, redefinición de las normas laborales, tributarias y de competencia que permitan financiar al Estado para asegurar protección social.
La informalidad laboral promedio en Medellín y el Aburrá fue del 42 % entre 2014-2021 y del 48 % en las 13 principales ciudades, los niveles de evasión fiscal se estimaron en un 30 % del recaudo por el marco fiscal de 2019 y el peso del narcotráfico se estimó en 2019 por Montenegro en cerca de 2 % del PIB. La debilidad de la acción del Estado y el alto costo de la formalidad son las principales razones.
Los retos de la reapertura económica y la informalidad requieren por parte de la administración de la ciudad transformar la estrategia de dividir la institucionalidad. El estilo de la administración local que luce descoordinado y falto de planeación, sumado al relajamiento del control urbano y a la ausencia de resultados visibles en la persecución de las rentas criminales, son caldo de cultivo para que los problemas de la informalidad e ilegalidad se enquisten y sigan afectando la calidad de vida en Medellín
* Director de Medellín Cómo Vamos
