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El sistema parlamentario de gobierno se caracteriza porque la dirección superior de la organización estatal se fracciona, de manera que el jefe de Estado es un presidente o monarca, mientras que el jefe de gobierno y de la administración es un primer ministro. Asimismo, el sistema se caracteriza por una especie de hegemonía o superioridad del parlamento sobre el gobierno, pues a diferencia del sistema presidencialista en el que el jefe de Estado, de gobierno y de la administración es un presidente de elección ciudadana, en el parlamentario lo normal es que el Jefe de Estado nombre primer ministro al director del partido mayoritario en el parlamento, es decir, el primer ministro sale del interior del parlamento y su gabinete está conformado por personas extraídas del mismo parlamento, que por estas razones ejerce un estricto control político sobre el gobierno, lo que normalmente no sucede en el sistema presidencialista.
El sistema parlamentario exige gran madurez en cultura política y una notable disciplina de partido, pues el gobierno en cabeza del primer ministro representa de manera estricta la voluntad de su partido o de la coalición dominante, por lo que algún desacuerdo grave puede desembocar en una moción de censura contra el ministro o en la posibilidad de que éste convoque a elecciones, para que sea el electorado quien dirima los desacuerdos entre parlamento y gobierno.
La estructura particular de las democracias latinoamericanas, caracterizadas por un histórico afán por depositar la confianza en líderes mesiánicos, la influencia geopolítica de los Estados Unidos, la falta de cultura política, la debilidad de los partidos políticos, así como las circunstancias que rodearon los movimientos de independencia, explican el predominio del sistema presidencialista, con grave tendencia hacia un presidencialismo autoritario y sin control político. Sin embargo, en medio de este sistema generalizado, surge como una especie de experimento de excepción, el modelo peruano, que puede de alguna manera asimilarse a una especie de gobierno semi parlamentario, pues en caso de que el congreso niegue una cuestión de confianza, el presidente puede optar por disolver el congreso y convocar a elecciones, con el fin de que a través del voto sea el electorado quien integre la nueva mayoría necesaria para resolver los desacuerdos presentados.
Sin embargo, como muestra de que en nuestros países no se tiene la suficiente madurez para manejar los temas de control político de conformidad con la Constitución, hace pocos días el presidente Vizcarra disolvió el congreso porque se negó a modificar la lista de candidatos para integrar el tribunal constitucional (error grave por parte del gobierno, pues no se trató de una censura) y a los pocos minutos los congresistas “retiraron al presidente del cargo por supuesta inhabilidad moral” y nombraron una nueva mandataria (otro error, pues se trató de una opción no considerada por la Constitución). Dos equivocaciones nefastas e inconstitucionales, que además de peligrosas (tener de manera simultánea dos presidentes), demuestran que por estas tierras carecemos de madurez para adoptar el modelo parlamentario.
