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Por Carlos Jaime Noreña M.
Me sorprendió (no gratamente) la noticia de que el Metro va a entrar al negocio inmobiliario como operador urbano. Aunque ello está considerado, de soslayo, en su objeto social, es un negocio que claramente se sitúa por fuera de las actividades relativas a los “servicios de transporte público de pasajeros” (cláusula tercera de los estatutos).
Si bien en los estatutos se contempla la “ejecución de operaciones urbanas y desarrollos inmobiliarios, orientados al desarrollo del sistema de transporte masivo”, esto tiene que entenderse como lo estrictamente necesario para permitir la construcción y operación de las líneas y no como la veta oportunista que han descubierto ahora para generar riqueza, expresión muy de moda que sirve para justificar cualquier locura.
¿No nos van a incrementar desmedidamente los costos de pasajes en las etapas de inversión? ¿No van a hacerles competencia desleal a negociantes que están lícitamente en el sector inmobiliario? ¿No van a desplazar injustamente a propietarios de bajos recursos económicos situados en cercanías de las líneas y estaciones? ¿Vale, pues, que unos negocios invadan las esferas propias de otros en una tremenda práctica de capitalismo salvaje, en una mal entendida diversificación?
