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Poco a poco se ha ido estableciendo claridad con respecto a la organización y funcionamiento futuros del Estado, con la determinación de quien actuará en los próximos cuatro años como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. También es evidente que a partir del próximo 20 de julio comenzarán a acomodarse las fuerzas políticas e ideológicas en el seno del Congreso. Es decir, los colombianos tendremos en el panorama sociopolítico señales concretas sobre la orientación y contenidos de las medidas que se adoptarán en la nueva conformación del juego entre las diferentes fuerzas sociales, económicas y políticas.
Sea cual fuere la orientación político-ideológica que finalmente adopte la organización estatal, los colombianos no tenemos por qué preocuparnos, siempre y cuando contemos con el apoyo y sentido de razonabilidad de los órganos judiciales. Lo acaba de expresar el presidente Duque: “El presidente de la República, sea quien fuere, no puede hacer lo que le provoque, sino que tiene que respetar la institucionalidad y las asignaciones de competencias, pues si se actúa por fuera de los parámetros normativos construidos a partir del texto de la Constitución Política, no solo se estarán burlando los limites normativos, sino que se estaría quebrando y desconociendo la existencia misma del Estado social de derecho”.
La defensa de la institucionalidad queda entonces en manos de la administración de justicia. Dentro del esquema del Estado social de derecho, la protección y guarda de los derechos, el respeto por decisiones que involucren la incorporación de los más olvidados y la protección de los derechos adquiridos constituyen el reto superior para la Justicia. Una Justicia que se presenta como el gran centro de defensa y de incorporación de los excluidos, pero que a su vez debe velar por la integridad de las instituciones. Este delicado y fundamental papel requiere de jueces probos, justos y especialmente preparados en los conceptos y principios que deben orientar la convivencia en derecho. Precisamente, por su papel trascendental en defensa de la convivencia, los jueces deben actuar teniendo en cuenta su importante papel político, pero apoyados en estrictos argumentos jurídicos. Mientras haya una Justicia sujeta a los cánones constitucionales, basada en principios y valores, no en simples opiniones subjetivas, la ciudadanía puede estar tranquila y asumir con serenidad los cambios necesarios que reclama el nuevo orden social
El maestro Luis Carlos Sáchica, no obstante haberse opuesto al movimiento constitucional que tuvo como resultado la expedición de la Carta del 91, una vez en vigencia el nuevo texto, se convirtió en su principal intérprete y defensor. Idéntica conducta debe asumir la sociedad colombiana. No es tiempo de divisiones, ni de odios; es el momento de rodear y apoyar al nuevo gobierno recién electo y para que ese apoyo se presente con serenidad y confianza en el futuro, debe existir un aparato judicial objetivo, científico y ético, apto para la defensa de los principios rectores de la democracia en el Estado social de derecho
