El Acuerdo Final (AF) del año 2016, propone, en relación con la tierra, una Reforma Rural Integral que incluye mecanismos para el acceso a la propiedad de la tierra y para formalizar los derechos de propiedad. Pero, ¿permite alcanzar el AF una nueva política de tierras más justa que incluya al campesinado y a los indígenas, que garantice la seguridad alimentaria y la justicia ambiental? Aunque algunas de las propuestas han ido desarrollándose lentamente, en medio de un clima de abierta violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el AF tiene elementos problemáticos.
El AF contiene barreras estructurales pues la concepción de justicia transicional en que se sostiene, adolece de una limitación en aspectos de justicia social: “Cuestiones como la inequidad económica, el papel de la concentración de la tierra, la política de desarrollo e incluso la guerra son opacados, por un elemento que domina, a saber, la insistencia en la responsabilidad criminal individual” (Alviar y Engle, 2016).
Esto se puede mostrar señalando los límites del AF negociado en La Habana. El problema de la tierra y la posibilidad de una reforma agraria han estado en el centro de la confrontación en el país desde el siglo XIX. En el orden político actual la tierra se ha concentrado en pocas manos, hasta llegar a un índice Gini de tierras de 0,92, probablemente el más alto del mundo, y como resultado ha producido un aumento de la pobreza del campesinado que carece de tierras para trabajar (Reyes, 2016).
En el AF no se ponen en tela de juicio los derechos de propiedad por razones de pragmatismo político. Si bien es cierto que se busca garantizar la propiedad privada a los campesinos con la formalización de siete millones de hectáreas, la distribución de tres millones y la dotación de bienes públicos para la dignidad humana en programas de desarrollo con enfoque territorial, hay que decir que las políticas que contempla el AF son insuficientes para impulsar una reforma rural que haga posible la paz. La desigualdad en la tenencia de la tierra se mantiene y la solución propuesta en el AF puede no ser suficiente para alcanzar una mayor equidad en el campo, que es una de las condiciones para tener una sociedad justa.
La otra condición es la política ambiental. Debido al conflicto armado se ha producido una destrucción inmensa de la naturaleza mediante la voladura de oleoductos, el derrame de petróleo, la minería ilegal, la producción de coca, la fumigación con glifosato. La consecuencia de esto son los graves daños ambientales en el Chocó, Putumayo, Vichada, Amazonas y en los Parques Naturales. En el 2018 se deforestaron alrededor de 197.159 mil hectáreas, en territorios dominados por narcotraficantes y ganaderos interesados en la transformación de bosques en campos para ganado.
El AF avanza en medio de amenazas, mientras las elites políticas, sin un proyecto social y democrático de futuro para el país, se empeñan en la captura del Estado mediante la corrupción, así terminen en la cárcel.
